Un agente federal de inmigración fue acusado de agresión en tercer grado y daños a la propiedad tras un incidente ocurrido durante una protesta en Durango, Colorado, donde una manifestante afirmó que fue estrangulada y agredida.
El hecho ocurrió en octubre pasado durante una manifestación contra la detención de tres solicitantes de asilo colombianos frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Y es que la manifestante Franci Stagi fue interceptada por un agente enmascarado identificado en documentos judiciales como Nicholas Rice
Videos grabados por transeúntes muestran al agente sujetando y arrastrando a Stagi en la vía pública. La mujer, una hipnoterapeuta jubilada, afirmó que estaba grabando la protesta con su teléfono cuando el agente le golpeó la mano, provocando que soltara el dispositivo. Posteriormente, dijo que intentó tocarlo para llamar su atención.
Denuncia de la manifestante
Stagi declaró que el agente la agarró del cabello, la estranguló y la arrojó por un terraplén junto a la calle. Añadió que aún presenta dolor en el brazo al realizar actividades cotidianas como ponerse una chaqueta.
La Oficina de Investigaciones de Colorado abrió una investigación tras una solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó preocupación por posibles violaciones a la ley estatal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, calificó la investigación como “ilegal” y una “maniobra política”, al sostener que los funcionarios federales solo pueden ser investigados por agencias federales. El DHS informó además que mantiene su propia investigación.
Cargos contra el agente
De acuerdo con documentos judiciales, Nicholas Rice enfrenta cargos por agresión en tercer grado por causar lesiones corporales y por daños a la propiedad relacionados con el teléfono celular de la manifestante. No se detalla el mecanismo exacto de la lesión ni se menciona el uso de una llave de estrangulamiento. En el expediente no figura representación legal del agente.
La fiscalía indicó que el cargo de agresión es un delito menor con una posible pena de hasta poco menos de un año de cárcel.
Posición de la manifestante
Franci Stagi expresó su inconformidad con la clasificación de los cargos, al considerar que no reflejan la gravedad del incidente. Señaló que espera que el caso establezca límites claros sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de inmigración.
El caso se enmarca en un debate nacional sobre el uso de técnicas de estrangulamiento y sujeción al cuello por parte de fuerzas de seguridad, restringidas o prohibidas en varios estados desde la muerte de George Floyd en 2020.
En Colorado, estas prácticas fueron prohibidas como parte de una reforma policial aprobada tras ese hecho. A nivel federal, propuestas para prohibir las llaves de estrangulamiento no avanzaron completamente en el Congreso.
El caso permanece bajo revisión estatal y federal, en medio de disputas sobre jurisdicción y alcance de la investigación.
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