A Perú se le multiplican las crisis. Por una parte el país sigue en vilo desde hace diez días por no saber todavía quiénes se enfrentarán, el próximo 7 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones por la Presidencia. Confirmada la presencia de … Keiko Fujimori, queda por conocer si tendrá como rival al izquierdista Roberto Sánchez o al derechista Rafael López Aliaga. Con más del 94% de los votos escrutados, la diferencia entre ellos fluctúa entre los 60.000 y los 10.000, estando en cabeza siempre Sánchez.
La celebración de las elecciones y el posterior recuento han provocado acusación de fraude y de irregularidades, señalando como principal responsable al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Tras días de gran tensión, este decidió renunciar a su cargo el martes.
En una carta, Corvetto aseguró que era «necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés de que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE». Desde el pasado 12 de abril, había sido acusado de ineficiencia en el proceso donde los materiales electorales tardaron en llegar en colegios en Lima y en Estados Unidos.
De acuerdo con la ley electoral, el cargo del jefe de la ONPE es irrenunciable hasta que concluya el proceso, pero ese límite se rompió tras la renuncia de Corvetto, que fue aceptada de inmediato por la Junta Nacional de Justicia (que nombra y destituye a las autoridades electorales) sin presentar explicaciones de este acto excepcional que transgrede la ley.
Ese mismo día, la Fiscalía de Perú solicitaba la detención preventiva de Corvetto. «Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención», declaró el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, en una entrevista concedida al diario ‘El Comercio’. El magistrado Raúl Martínez realizó la petición la noche del martes, durante la comparecencia de Corvetto, al considerar que el que fuera jefe del máximo órgano electoral de Perú desde 2020 incurrió en «colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones» en el marco del proceso electoral del pasado 12 de abril, según recoge Ep.
Queda aún pendiente que el juez de oficio fije y anuncie la fecha de la audiencia para estudiar si ordena la detención de Corvetto. «Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la mayor brevedad posible», señaló Gálvez al respecto. Corvetto prestó declaración en la noche de este martes al tiempo que hizo entrega a las autoridades de sus pasaportes italiano y peruano.
Un contrato millonario
Mientras se decide quiénes lucharán por la Presidencia del Perú, el actual mandatario, José María Balcázar, está contra las cuerdas. El ministro de Exteriores, Hugo de Zela, y el ministro de Defensa, Carlos Vera, presentaron su renuncia irrevocable ayer al no estar de acuerdo con la decisión de Balcázar de bloquear el pago de la compra de varios aviones F-16, que asciende a 3.500 millones de dólares.
El contrato millonario se venía negociando desde el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) y fue confirmado en el gobierno de José Jerí (2025-2026). Ha sido en el Ejecutivo de Balcázar donde habrían surgido los problemas y este habría sido congelado.
La decisión fue contestada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien aseguró en su cuenta de X que «si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región»
Balcázar es, según la Constitución, el presidente del Comando Conjunto, pero en esta ocasión no fue obedecido y la firma del contrato, que fue postergada el 17 de abril, se realizó sin su permiso por un miembro de la Fuerza Aérea el pasado lunes.
En una declaración pública, el presidente Balcázar subrayó que el pago para la adquisición de aviones F-16 deberá ser asumido por el nuevo Gobierno y no por su gestión
El presidente saliente se defendió ayer de las acusaciones a través de una declaración pública en la que aseguró no haber intervenido «en esas negociaciones, así que no me pueden decir que he mentido. He dicho que esos contratos celebrados antes, se respeten por el nuevo gobierno que venga de las elecciones. No se pueden tergiversar mis declaraciones», afirmó. El presidente subrayó que el pago para la adquisición de aviones F-16 deberá ser asumido por el nuevo Gobierno y no por su gestión, pese a los plazos fijados en el contrato. El plazo para el primer pago se cumplía este miércoles, según declaró Hugo de Zela.
Mientras se agrava la crisis política, tensionando las relaciones con EE.UU., la electoral puede vivir un nuevo capítulo, pues el Jurado Nacional de Elecciones debate actualmente si se anulan las elecciones del 12 de abril, total o parcialmente.