Una jueza federal de Massachusetts ha impedido este martes al Gobierno de Donald Trump obstaculizar proyectos de energía solar y eólica en esa región del noreste de Estados Unidos mediante nuevas normas legislativas relacionadas con la política de Washington contraria a las renovables.
La magistrada Denise Casper, de Boston, ha dictado una orden de suspensión temporal para bloquear la aplicación de varias medidas que violan la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos, dando la razón a un grupo de empresas y grupos activistas que contaron con un gran respaldo, incluido el del estado de Massachusetts,
En este territorio, de hecho, se encuentra uno de los grandes proyectos renovables afectados por la política del Gobierno de Trump: el parque eólico marino Vineyard Wind 1, del que forma parte la empresa española Iberdrola a través de su subsidiaria Avangrid.
El pasado viernes, Iberdrola y la otra desarrolladora del Vineyard Wind 1, la danesa Copenhagen Infrastructure Partners, ganaron una batalla legal contra GE Vernova, una proveedora de turbinas, que buscaba cancelar su contrato y abandonar el proyecto debido a supuestas deudas.
A finales de enero, Vineyard Wind logró una orden judicial para reanudar sus obras de finalización que habían sido paralizadas por orden del Gobierno de Trump unos meses antes, cuando suspendió el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país.
Entre las medidas que violan la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos hay una orden del Departamento del Interior que favorece proyectos de energía fósil frente a los de renovables; restricciones que limitan la escala de los parques eólicos marinos y vetos a permisos para proyectos solares y eólicos relacionados con la muerte de las águilas, indica el documento.
La decisión de la jueza supone una nueva victoria del sector renovable frente al Gobierno de Trump, que desde el inicio de su mandato ha intentado paralizar este tipo de proyectos, muchos de ellos ya en construcción, para priorizar la producción de petróleo y gas.
Las demandantes han incluido además en el proceso judiciales un informe pericial que atestigua que “unos 57,2 gigavatios (GW) de capacidad eólica, solar, híbrida y eólica marina han sido cancelados o expuestos a un riesgo material de retraso o cancelación más allá de 2029” debido a las medidas, lo que representa “unos 905 millones de dólares en capital hundido invertido en los proyectos”.