El Departamento de Justicia de EEUU ha solicitado a la Justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias Pipo, para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína. La petición, formulada ante el titular de la Plaza 3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, se basa en la acusación presentada contra Chavarría el 4 de febrero por un gran jurado del tribunal federal del Distrito Sur de California y sustentada por un informe de un fiscal auxiliar elaborado a partir de pruebas de agentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).
Wilmer Chavarría, el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, fue capturado en noviembre del 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. También se operó siete veces el rostro. Desde entonces espera en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a que se resuelva la petición de extradición formulada por Ecuador, a la que se suma ahora la de EEUU.
El 25 de febrero, en una comparecencia en la capital aragonesa a petición de la Fiscalía ecuatoriana en el marco de la petición de extradición formulada por el país andino, Pipo acusó al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar con drogas, aunque no aportó pruebas.
En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.
Una petición por “interés político”, según la defensa
En su escrito de alegaciones, el letrado del narcotraficante considera “incompleta” la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a Pipo al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva. Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.
Además, advierte de que el interés de la Justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría “refuerza la sospecha” de un “interés político” del Gobierno del país andino de que sea extraditado a EEUU, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.
Una negativa contra la que cargó recientemente el propio Reimberg, en unas declaraciones en las que lamentó la negativa de las autoridades españolas a conceder tanto la extradición de el Pipo como la del ‘Negro Willy’, otro de los narcotraficantes más significados del país.
“Resulta imperativo verificar si la solicitud de EEUU responde a un genuino interés de la Justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades estadounidenses y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradición español”, advierte el abogado en su escrito de oposición.