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Altagracia Salazar
Después de cinco años en tribunales —y de una resistencia digna de mejores causas—, por fin las magistradas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se decidieron a ponerle fecha al desenlace del caso Coral y Coral 5G. El 15 de julio se sabrá si el general Adán Cáceres Silvestre y su círculo de altos rangos convierten en condena los más de cinco mil millones de pesos que, según el expediente, “aparecieron” gracias a una creatividad financiera que ya quisiera cualquier emprendedor.
Este será apenas el segundo gran caso de corrupción que llega a sentencia en media década. El primero, el caso Pulpo de Alexis Medina Sánchez, tardó lo mismo. Casualidad no es: cuando los imputados tienen fortunas que desafían la imaginación, también tienen la capacidad de estirar procesos como chicle premium. Abogados van, abogados vienen, recursos suben, recursos bajan… y el tiempo, ese sí, nunca corre en su contra.
La jugada es conocida: pedir la extinción penal como quien lanza una moneda al aire, aunque tanto el Tribunal Constitucional como la Suprema Corte de Justicia hayan dejado claro que el “plazo razonable” no es un truco para escapar por cansancio del sistema. Aun así, se insiste. Porque se puede.
En el caso Coral, hace apenas dos meses la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional volvió a decir “no”. Rechazó, otra vez, la intentona de extinguir el proceso. Nada nuevo: la estrategia no es ganar rápido, es no perder nunca… o al menos no todavía.
Y aun con todo ese músculo financiero, Coral “solo” tomó cinco años. No necesitó las 95 audiencias del caso del ex procurador ni sus ya rutinarios reenvíos —24 y contando— para siquiera empezar a discutir el fondo. Ahí sí que el tiempo parece haberse mudado a vivir en el expediente.
Porque hay bolsillos profundos… y luego están los bolsillos del poder, que no solo pagan defensa, también compran tiempo, titulares y, cuando hace falta, giras de prensa. Justo como la del ex procurador, que todavía ayer andaba explicando lo obvio en el informe de Participación Ciudadana: que el proceso ha sido largo. Gracias por la aclaración.
Al final, la diferencia no es jurídica, es económica. Para la mayoría, ir a tribunales es perder el día de trabajo. Para unos pocos, es una inversión a largo plazo. Y así, entre recursos, aplazamientos y micrófonos, la justicia avanza… pero siempre a la velocidad del bolsillo más grande.