Los demócratas de la Cámara de Representantes presentarán este miércoles una nueva ofensiva política contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al impulsar artículos de juicio político en su contra por su papel en la guerra contra Irán y su gestión al frente del Pentágono.
La iniciativa, liderada por la representante Yassamin Ansari junto a otros ocho legisladores demócratas, incluye cinco cargos principales que apuntan a presuntos crímenes de guerra, abuso de poder y fallos en el manejo de información sensible dentro del Departamento de Defensa.
Según el documento presentado, Hegseth habría violado su juramento constitucional al supervisar operaciones militares sin autorización del Congreso y al poner en riesgo a tropas estadounidenses desplegadas en el exterior.
También se le atribuyen acciones que habrían derivado en ataques contra civiles y posibles infracciones del derecho internacional humanitario.
La resolución incorpora además señalamientos sobre el uso de comunicaciones no seguras para discutir operaciones militares, un episodio que generó controversia pública tras la difusión de información en un chat donde participaban funcionarios del Gobierno y que terminó bajo escrutinio interno del Pentágono.
Otro de los puntos del texto acusa al jefe del Pentágono de obstruir la supervisión del Congreso, al supuestamente retener información sobre operaciones militares en distintos escenarios, incluido el conflicto con Irán y otras misiones en el extranjero.
Acusaciones y respaldo político limitado
Los artículos de impeachment cuentan con el respaldo de una decena de legisladores demócratas, aunque su avance legislativo es improbable debido a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que dificulta cualquier intento de destitución.
Entre los copatrocinadores figuran los representantes Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride, Brittany Pettersen, Dina Titus, Dave Min y Shri Thanedar, entre otros.
Desde el Partido Demócrata, Ansari ha defendido la medida como una respuesta necesaria a lo que considera una escalada de decisiones militares sin control legislativo y con consecuencias graves en el terreno internacional.
La Casa Blanca y el Departamento de Defensa, sin embargo, han rechazado las acusaciones y han calificado el proceso como un movimiento político sin base suficiente, en medio de un clima de creciente confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo por la conducción de la guerra en Irán.
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