La migración es probablemente el tema más divisivo en la Europa de hoy en día y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un verso suelto: sus políticas van en dirección contraria a las del resto de gobiernos del mismo signo ideológico en Europa, como es el caso del danés o del británico. Estos apuestan por políticas más duras como el control del asilo o las expulsiones más rápidas y por ejemplo este fue uno de los temas clave en la reciente campaña electoral en Dinamarca para unos comicios que se saldaron con otra victoria de Mette Frederiksen.
Se ve la diferencia claramente con la regularización masiva ya aprobada por el Gobierno, y que se ha convertido en una de las medidas estrella de Sánchez en estos momentos de la legislatura. Entre 500.000 y un millón de inmigrantes ‘sin papeles’ podrán obtener un permiso para trabajar y residir en España durante un año con la nueva regularización extraordinaria aprobada este martes en el Consejo de Ministros.
El decreto, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activa un mecanismo extraordinario para aquellos extranjeros en situación administrativa irregular, que ya viven y trabajan aquí, pero que no tienen su documentación en regla. El único requisito que se exigirá será haber vivido al menos cinco meses de forma ininterrumpida en España, a 1 de enero de 2026, y carecer de antecedentes penales reconocidos en el ordenamiento jurídico español.
A un nivel más global, eso sí, la pregunta que surge es: ¿qué están haciendo en materia migratoria países con gobiernos de izquierdas?
Dinamarca es el mejor ejemplo. La socialdemocracia danesa siempre se ha caracterizado por una política migratoria más dura que sus homólogos en el resto de Europa. En este sentido, la primera ministra lideró junto a Giorgia Meloni a finales de 2025 una iniciativa para frenar la forma en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. “No queremos vuestra conducción temeraria ni vuestra cultura de dominación”, dijo Frederiksen en referencia a los inmigrantes irregulares: “No deberíais estar aquí”. Además, antes de la campaña electoral el Gobierno anunció nuevas medidas migratorias que permitirán la expulsión de ciudadanos no daneses condenados a al menos un año de prisión por delitos graves. Copenhague por ejemplo también apoya la creación de centros de retención de migrantes impulsada sobre todo por el Ejecutivo italiano.
En Reino Unido, el Gobierno de Keir Starmer tuvo como primera decisión la revocación del plan de deportación de migrantes a Ruanda aprobado por el anterior Ejecutivo conservador de Rishi Sunak, y sustituirlo por medidas como la creación de un comando de seguridad fronteriza para combatir las mafias de tráfico de personas en el Canal de la Mancha. Starmer, de hecho, siempre ha usado una retórica más dura sobre la inmigración, argumentando que los niveles elevados han causado “daños incalculables”.
El laborista, asimismo, ha prometido “recuperar el control de las fronteras” y ha impulsado acuerdos y conversaciones en este sentido con otros países europeos como Francia. De hecho, los más críticos con el Gobierno de Starmer le han acusado de aceptar los planteamientos tradicionalmente conservadores en estos temas. También se ha propuesto endurecer las condiciones para la concesión de asilo y poner límites a la reunificación familiar.
Alemania cogió la misma senda con el Ejecutivo liderado por Olaf Scholz y el SPD. Quiso mostrar una política migratoria “equilibrada” tras la idea de las “puertas abiertas” de Angela Merkel durante la crisis de 2015, pero acabó virando también a un discurso duro. “Tenemos que deportar más y más rápido”, llegó a decir, al tiempo que reforzó el control en las fronteras y devolvió la vigilancia en las mismas, algo bastante poco frecuente en el espacio Schengen. Frente a eso, defendió la necesidad de inmigración legal para sostener el mercado laboral alemán y fue uno de los grandes apoyos para el pacto común de migración y asilo en la UE.
Pese a estos tres ejemplos, Sánchez volvió a defender este jueves la medida de la regularización y lo calificó como “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Y, también, un acto de justicia y una necesidad”. El presidente del Gobierno fue más allá en su mensaje en redes sociales: “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”.
La ortodoxia política con la migración no es solo cosa de la derecha, y el tablero se está moviendo desde el punto de vista de la UE en general. El pasado mes de marzo, sin ir más lejos, el Parlamento Europeo respaldó el nuevo reglamento de retorno, otra normativa en materia migratoria que permite, entre otras cosas, la creación de centros de deportación de migrantes. Esa vía, impulsada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, contó en el pleno con el respaldo de la Eurocámara con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Los grupos de izquierda y los liberales y los verdes rechazaron eso sí este paso que incluye los llamados “centros de retorno” en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
Además, según las nuevas reglas, los migrantes están obligados a colaborar activamente en su proceso de salida. Si no lo hacen, podrían recibir castigos como perder ayudas sociales, quedarse sin permiso de trabajo o incluso ir a la cárcel. Además, las autoridades podrán encerrar a una persona en centros de internamiento hasta por un año, y este tiempo puede alargarse otro año más si el migrante no ayuda o si los papeles tardan en tramitarse.
Sobre la regularización en España, Bruselas ha comentado y matizado varios puntos y el comisario de Migración, Magnus Brunner, insistió que la regularización y los permisos de residencia “no pueden ser un cheque en blanco” ni generar tensiones con otros países de la UE, aunque reconoció que se trata de una competencia de los Estados miembros. Esas tensiones y esa vulneración del espacio Schengen de libre circulación es algo que viene denunciando el PP desde que se anuncio el plan del Gobierno.
“Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, dicha responsabilidad también significa que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión, y este es un principio general de la Unión Europea”, añadió Brunner en su momento. Asimismo, incidió en que hay legislación que respetar: “Tenemos normas claras para las situaciones que pueden surgir en el contexto de un esquema de regularización en un Estado miembro. Por ejemplo, si se descubre que alguien que posee un permiso de residencia nacional está residiendo ilegalmente en otra parte de la Unión Europea, o si solicita asilo en otra parte de la Unión, debe regresar al Estado miembro que emitió el permiso de residencia”.
Sánchez se ha quedado solo en sus tesis. La migración se ha convertido en un caballo de batalla en la UE, mucho más de lo que ya lo era; es un tema que siempre vuelve y que ahora ha provocado que la inmensa mayoría de Estados miembros viren hacia posiciones mucho más duras… y España se mantiene como el único con el Gobierno que lanza una política más laxa frente a la ortodoxia de muchos socios, incluidos los que tienen ejecutivo del mismo signo que el español.