Dos semanas después de que salieran a la luz denuncias sobre la presunta venta de exámenes para residencias médicas, la investigación suma nuevos elementos que apuntan a la existencia de un esquema que, lejos de ser un rumor, continúa operando con aparente normalidad, pese a la falta de respuestas contundentes de las autoridades.
Tras la publicación del reportaje, la Defensoría del Pueblo acudió a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para iniciar indagatorias. Sin embargo, al momento de la visita, las oficinas relacionadas con el proceso no se encontraban operativas, lo que obligó a reprogramar encuentros para el día siguiente.
Durante una reunión posterior, el director de Residencias Médicas, José Cuevas, negó la existencia de irregularidades dentro de su departamento, aunque dejó abierta la posibilidad de que, de existir anomalías, estas pudieran originarse en el proceso de reproducción de los exámenes. En la misma línea, el decano de la Facultad de Medicina afirmó que no han recibido denuncias formales.
No obstante, documentos en poder de esta redacción contradicen estas afirmaciones. Al menos dos comunicaciones enviadas por médicos aspirantes alertan sobre una presunta filtración del examen aplicado el 1 de marzo de 2026, señalando que el contenido habría circulado previamente en grupos y redes sociales.
La investigación también revela la existencia de intermediarios que ofrecen alterar resultados a cambio de dinero. En conversaciones recientes, uno de ellos aseguró que el proceso tiene “cupos cerrados” y que el costo asciende a 90 mil pesos por persona, garantizando, según sus palabras, la modificación de la nota del examen.
El individuo proporcionó un número de cuenta bancaria y documentos de identidad para recibir el pago. La cuenta figura a nombre de Máximo Jean Carlos Segura, quien, al ser contactado telefónicamente, negó cualquier vínculo con la operación antes de finalizar abruptamente la llamada.
Además, el supuesto intermediario afirmó actuar en coordinación con “uno de los jefes”, indicando que el dinero no sería para él, sino para terceros dentro del sistema, lo que sugiere la posible participación de estructuras internas.
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo confirmó que mantiene abierta una investigación para evaluar los protocolos de elaboración, impresión y aplicación de los exámenes, así como su nivel de confiabilidad.
En ese contexto, también solicitó información al Ministerio de Salud Pública sobre los procedimientos vigentes, estadísticas de aprobación y reprobación, y otros datos clave que permitan esclarecer la situación.
Pese a ello, las autoridades universitarias insisten en que no han recibido denuncias directas, aunque reconocen que cada año surgen señalamientos similares. Incluso, indicaron que podrían solicitar la intervención del Ministerio Público ante la recurrencia de estas acusaciones.
Sin embargo, la evidencia recopilada, que incluye documentos, testimonios, conversaciones y datos bancarios, apunta a la existencia de un mecanismo estructurado que facilitaría el acceso irregular a las residencias médicas.
Más allá de las declaraciones oficiales, el caso deja al descubierto un problema que, de confirmarse, comprometería la transparencia de uno de los procesos más sensibles del sistema de salud.