Cuando un turista busca en una guía cuáles son los lugares que hay que visitar en Argentina hay uno que siempre está en la lista: el glaciar Perito Moreno. Este enclave de la Patagonia situado en plena cordillera de los Andes no es solo un motor turístico y un lugar que cualquier visitante quiere tachar antes de abandonar el país, sino que, junto con el resto de 16.000 glaciares con los que cuenta el país, es un punto necesario para la vida en la región y un elemento natural para combatir un cambio climático cada vez más notable.
La protección de los glaciares en Argentina se convirtió hace décadas en una política de Estado, y por eso es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una ley que los protege. No obstante, la tensión entre el activismo que busca conservarlos y las empresas que piden no frenar las potenciales actividades económicas que hay en esas zonas, sobre todo la minería, han mantenido una pugna que el actual Gobierno argentino ha querido zanjar. El partido del presidente Javier Milei y sus socios han sacado adelante este miércoles en el Congreso una reforma de la ley de glaciares con el objetivo de dar más peso a las decisiones políticas de las provincias y menos a las de organismos científicos como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Tanto la oposición como organismos medioambientales consideran que esta reforma busca no solo anteponer los intereses de empresas a la protección del agua, sino que atenta contra un bien ambiental que ya hoy es necesario, pero que en el futuro será imprescindible. Una visión exagerada según el Gobierno y las empresas mineras, que alegan que no se va a acabar con ellos, sino que pretenden flexibilizar las posibles trabas para hacer negocios en estos entornos.
¿Qué función cumple un glaciar?
Los glaciares son grandes masas de hielo que se forman sobre la tierra por la acumulación de nieve que ha caído a lo largo del tiempo; cientos e incluso miles de años atrás. Es cuando alcanzan un gran tamaño y espesor —que puede ser de incluso 40 metros— cuando el hielo comienza a deformarse y fluye pendiente abajo, llegando a una zona donde ya no se acumula la nieve, sino que se puede derretir y convertirse en agua. Esto forma parte de los ríos de montaña y parte importante de los ecosistemas de la zona.
Es por todo ello que la importancia de los glaciares es doble: almacenar agua y regular los periodos de sequía. Así lo reconoce el glaciólogo argentino e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Lucas Ruiz, que explica que los glaciares “funcionan como diques naturales o como reguladores del caudal”, porque cuando hay abundantes precipitaciones los glaciares crecen, mientras que cuando las precipitaciones son bajas, los glaciares se derriten o tienen pérdidas de masa que entregan más agua, lo que favorece que los ríos no vengan tan secos en los años de sequía. “En aquellas cuencas que tienen glaciares, las épocas de sequía no son tan severas, pero ahora con el cambio climático los glaciares se están reduciendo, por lo que esta capacidad que tienen de mitigar naturalmente las sequías también va disminuyendo. Ya estamos sufriendo más sequías que antes, pero en el futuro esto irá a peor”.
En este sentido, Gabriela González, investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental y del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, recuerda que aunque Argentina es un país “rico en recursos hídricos”, dos terceras partes son ambientes áridos o semiáridos, donde “el limitante para la vida es el agua y gran parte de las cuencas que recorren el país, sobre todo en la zona de la cordillera, se alimentan del deshielo de alta montaña”. González, que fue Directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua del Gobierno argentino entre 2019 y 2023, recuerda que la ley de glaciares que ahora se ha modificado no quita el dominio a las provincias sobre su territorio, como argumentan desde el Gobierno, sino que establece con criterios científicos las bases de protección a nivel nacional. “La metodología que se usa tiene una triple validación: una consulta pública, una validación científica donde opinan investigadores nacionales e internacionales y una validación federal a través del Consejo Federal de Medio Ambiente”.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, Argentina cuenta con 5.700 kilómetros cuadrados de superficie cubierta por glaciares y más de 16.000 cuerpos de hielo entre glaciares descubiertos —como el Perito Moreno—, glaciares cubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombro. Estos últimos pertenecen al ambiente periglacial y están conformados por rocas que tienen agua congelada en las hendiduras. “Son muy característicos de ambientes semiáridos, en donde el impacto que tiene ese agua es clave, sobre todo en los momentos de deshielo, porque justamente están en entornos donde el agua escasea y cada gota cuenta. Son importantes porque son el foco de la reforma de Milei”, dice González.
¿Qué busca cambiar la reforma de la ley?
La reforma de la ley aprobada esta semana da a los gobiernos provinciales la potestad de incorporar o no los cuerpos de hielo al inventario de zonas protegidas y, por tanto, dan el visto bueno a que se realicen o no actividades económicas en ellas o su entorno. Para ello tendrán que realizar un informe técnico de los riesgos medioambientales y justificar que ese glaciar no tiene un rol de aporte hídrico, pero solo si la autoridad competente lo considera, relegando el papel de control que tenía hasta ahora el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Es por ello que la protección preventiva de estas zonas ampliamente protegidas pasará a tener una protección revisable. Además, se prohibirán únicamente aquellas actividades económicas que puedan “alterar de modo relevante” su condición natural o las funciones hídricas. “Esto atentará, sobre todo, contra los glaciares de escombro y estará la decisión ya no en un instituto con una metodología clara y científica, sino en manos de las provincias de acuerdo a una metodología que no se ha definido”, afirma González, ya que cada provincia aplicará criterios propios y podrá permitir actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no aporten de manera relevante agua a las cuencas, pero que sí juegue un papel ambiental.
Se prohibirán únicamente aquellas actividades económicas que puedan “alterar de modo relevante” su condición natural o las funciones hídricas
Y es precisamente esa actividad minera la que ha puesto en preaviso a las organizaciones ambientalistas, ya que consideran que esta ley les permitirá actuar en zonas que deberían estar protegidas. “La ley nació para el cuidado de los glaciares de aquellas actividades que pudieran afectarles, sobre todo mineras, ya sea a través de la oxidación de polvo, generando movimientos de tierra con dinamita o incluso intentando mover los glaciares”, explica Lucas Ruiz. Por su parte, Gonzalez afirma que la ley que había no era antiminera, ya que en zonas donde no existía un impacto medioambiental ya se estaban desarrollando, pero “este cambio que se ha realizado ahora viene porque algunos emprendimientos tienen la intención de expandirse hacia zonas de ambiente periglacial y de glaciares de escombro que la actual norma no les dejaban”.
La minería, en el centro de la discusión
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, asegura en conversación con 20minutos que la ley que se ha reformado es positiva porque va a evitar que ambientes periglaciares donde no estaba demostrado que hubiera una función hídrica importante se pueda desarrollar minería. “Cuando ibas al articulado de la ley, en algunos puntos se apreciaba que el ambiente periglacial estaba todo prohibido, cuando justamente es donde menos tiene que haber prohibición. Con esto no quiero decir que no haya lugares que tengan que seguir protegidos, pero los suelos congelados que no tienen vinculación con ríos ni arroyos, y que no crece nada, sino que simplemente en verano se licuan y en invierno se congelan, deberían poder ser usados”, agrega.
Cuando ibas al articulado de la ley se apreciaba que el ambiente periglacial estaba todo prohibido, cuando justamente es donde menos tiene que haber prohibición
Con todo, Cacciola asegura que de esas miles de geoformas protegidas “habrá unas 150 que hay que revisar si se puede realizar una explotación minera porque podrían contener mineralización por debajo del nivel de la tierra”. “Son un porcentaje bajo del total del inventario las que van a tener que ser revisadas en terreno”, agrega el presidente de la Cámara de Empresas Mineras, que dice “defenderse de aquellos que tienen una visión antiminera”, ya que afirma que las mineras “no buscan que no se preserve el medioambiente”, pero piden que “vaya de la mano del desarrollo”. “Hay miles de personas que están esperando que se desarrolle la minería del cobre que en Argentina no hay, cuando en Chile se exportan 50.000 millones de dólares por año solo de esto”, dice Cacciola. Cabe señalar que nunca se llegaría a esas cifras en Argentina, ya que según datos oficiales de la Secretaría de Minería, las reservas de cobre de este país representan el 9,2% de las reservas de cobre de Chile.
Por su parte, la organización internacional Greenpeace denuncia que “la modificación de la ley implicará reducir el estándar de protección para adecuarlo a proyectos ya instalados en zonas sensibles”, donde en el pasado han denunciado, sobre todo en glaciares y ambientes periglaciares de la provincia de San Juan, proyectos mineros que ya podrían estar dañando glaciares.
Una reforma que podría ser judicializada
Antes de la aprobación de la reforma en el Senado y su ratificación en el Congreso ya había voces de abogados ambientalistas que apuntaban que esta reforma podría estar incumpliendo la ley. Los expertos consultados alegan que se estaría vulnerando el principio de no regresión ambiental y del Acuerdo de Escazú suscrito por Argentina, en el que se recoge que en materia ambiental la protección puede aumentar, pero no disminuir. Además, en todo el proceso de esta reforma de la ley se ha denunciado también trabas en la participación popular para temas ambientales, donde se abrió la posibilidad de una audiencia pública en donde se inscribieron más de 100.000 personas, de las cuales sólo pudieron expresarse verbalmente 400.
Se desoyeron a comunidades locales, se ignoraron aportes científicos y técnicos, se desestimaron voces expertas y se limitaron las instancias de participación
Este jueves la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la propia Greenpeace han anunciado una demanda colectiva en la que están solicitando firmas de los ciudadanos argentinos en contra de la modificación de la ley. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, se puede leer en un comunicado en el que alegan que el proceso de aprobación de la ley se llevó a cabo “a espaldas de la sociedad”. “Se desoyeron a comunidades locales, se ignoraron aportes científicos y técnicos, se desestimaron voces expertas y se limitaron las instancias de participación (en la audiencia pública)”, aseguran.
Como ha ocurrido ya con otras leyes en estos dos años de mandato de Milei que han enfrentado resistencia política y ciudadana con movilizaciones en las calles —como la reforma laboral de hace escasos meses—, todo indica que el Congreso no va a ser la última parada de esta ley y que será la Justicia la que tenga que decidir si se aplica o no.