Las guerras, incluidas las que en degradante coyunda llevan a cabo el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu contra Irán y las milicias libanesas, no se hacen teniendo solamente en cuenta la posibilidad de obtener una «victoria» –término que suele entenderse como un beneficio neto descontando las pérdidas y el costo–, pues también cuenta la «gloria».
Y para conseguir esa «gloria» y alcanzar combatiendo por ejemplo el premio Nobel de la Paz es necesario hacer la guerra de acuerdo con determinadas reglas, mediante la utilización exclusiva de ciertas armas consideradas honrosas y entre soldados vestidos con trajes extraños y frecuentemente poco prácticos, como sostiene el general británico Shelford Bidwell en su libro Modern Warfare.
Pero estamos viendo que ni sujeción a las reglas, ni exclusivo empleo de determinadas armas, ni atavío alguno se han tenido en cuenta en la guerra de estos días. Mientras, volvamos a la disciplina, a los deberes de obediencia y a sus límites. Observemos cómo alegar el cumplimiento de órdenes recibidas no exime al que obedece de responsabilidad en los crímenes que pudiera cometer al llevarlas a cabo.
Este es un principio básico vigente desde la Segunda Guerra Mundial como respuesta al Holocausto, que tuvo por primera vez aplicación de máxima visibilidad en los juicios de Nürenberg, celebrados entre 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. De manera que tampoco ahora, cuando las atrocidades sean juzgadas en los tribunales que hayan de constituirse, nadie podrá pretender que se le declare inocente de las salvajadas en que hubiere incurrido aunque probara que estuvo actuando en el cumplimiento de órdenes recibidas.
Así sucede en los países que comparten nuestra civilización y así se ha traspuesto a la legislación española mediante el artículo 34 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas donde se dispone que «cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión». Y más adelante, en el artículo 84 al establecer que «todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a las leyes y usos de la guerra o que constituyan delito».
Los militares tienen en su ADN la disciplina y el reflejo automático de obedecer, pero la obediencia ya no puede ser ciega, ni al modo jesuítico de perinde ac cadáver. Y en todas partes puede llegarles también el momento de desobedecer o, para evitar esa quiebra, de pedir el relevo y renunciar al mando.
Así ha sucedido en Estados Unidos, valgan de prueba algunos casos. Así, en la cúpula del Ejército: el general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, forzado a retirarse en abril de 2026 por el secretario de Defensa; el general David Hodne, comandante general del Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos, destituido simultáneamente.
Entre otros altos mandos cesados en el periodo 2025–2026 figuran: el general Charles Q. Brown Jr., ex jefe del Estado Mayor Conjunto; la almirante Lisa Franchetti, jefa de Operaciones Navales; el general James Slife, subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Y en el ámbito de la inteligencia militar y de la comunidad de defensa han sido destituidos: el teniente general Jeffrey Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cesado por «pérdida de confianza»; vicealmirante Nancy Lacore, comandante del Distrito Naval de Washington; contralmirante Jamie Sands, comandante del Comando de Guerra Especial Naval; y el general Timothy Haugh, director de la Agencia de Seguridad Nacional y jefe del Servicio Central de Seguridad, incluidos en la misma oleada de ceses.