La Unión Europea ha manifestado este jueves su firme oposición a la iniciativa de Irán -compartida por Donald Trump también en cierto modo- de imponer peajes a las embarcaciones que naveguen por el estrecho de Ormuz, enclave decisivo en la guerra en Oriente Próximo. Desde Bruselas, las autoridades comunitarias sostienen que esta pretensión vulnera los principios básicos del Derecho Internacional, argumentando que para preservar la libertad de tránsito “no debe haber ningún pago en absoluto”.
En rueda de prensa en Bruselas este jueves, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, enfatizó que la seguridad y fluidez en el transporte marítimo solo pueden asegurarse si la navegación “debe ser gratuita”. El portavoz subrayó la importancia global de esta vía, señalando que el estrecho, “como cualquier otra ruta marítima, es un bien público para toda la humanidad”.
La argumentación de la UE se apoya en el marco legal vigente que rige los océanos. Según El Anouni, “el Derecho Internacional es claro y el derecho del mar establece que la libertad de navegación debe garantizarse en todo momento“, una premisa que, según su explicación técnica, sencillamente no “admite ningún pago en absoluto” por parte de los buques comerciales.
Esta reacción de la diplomacia europea coincide con un giro en el discurso de Washington. El presidente Donald Trump ha sugerido que Estados Unidos “colaborará para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz” mediante iniciativas económicas de gran envergadura. El mandatario estadounidense ha llegado a afirmar públicamente que con estos planes “se ganará mucho dinero”.
Trump detalló a través de sus redes sociales que la presencia norteamericana buscaría garantizar la logística y el orden para “asegurarse de que todo vaya bien”. En declaraciones posteriores a la cadena ABC, el presidente fue más allá al describir la polémica propuesta de establecer tasas de tránsito como si se tratara de “una empresa conjunta” entre la Casa Blanca y Teherán.
No obstante, esta postura actual contrasta con las advertencias previas de su propio equipo de Gobierno. El pasado 30 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue tajante al asegurar que “eso no se va a permitir”, recalcando que la Casa Blanca dispone de “varias opciones” para impedir que el régimen iraní logre cobrar cualquier tipo de tasa en aguas internacionales.