Tres meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense que reconfiguró el mapa político venezolano, su sucesora Delcy Rodríguez eligió la noche de este miércoles para marcar distancia con el legado económico del chavismo. Lo hizo desde el mismo despacho … donde Maduro gobernó, ante las cámaras de una cadena nacional interrumpida por apagones, anunciando un incremento salarial para el primero de mayo que quedó enmarcado en un discurso de ruptura sin precedentes.
Acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, su hermano, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, la mandataria confirmó el aumento pero evitó precisar el monto. En su lugar, estableció una condición inédita para la administración oficialista: ninguna mejora en los ingresos se decretará sin contar con una fuente de financiamiento real. El ajuste, aseguró, estará estrictamente atado a la capacidad de recaudación del Estado.
La afirmación vino acompañada de una autocrítica inusual en las altas esferas del poder. Rodríguez pidió textualmente corregir los errores propios del pasado y no repetirlos, reconociendo que la política de aumentos salariales de la última década fue equivocada, generando enormes distorsiones monetarias y fiscales. En esa misma línea, admitió la debacle causada por la hiperinflación y el desabastecimiento, asegurando que su gobierno logró derrotarlos.
La gobernante intentó así aplacar el creciente malestar social ante las expectativas de mejoras económicas que trajo consigo la intervención del pasado tres de enero, expectativas que aún no se reflejan en los bolsillos de los ciudadanos. En respuesta a las protestas laborales y a la marcha convocada para este jueves en Caracas, anunció la creación de una comisión de diálogo nacional que integrará al Estado, trabajadores, empresariado y pensionados. El objetivo de esta mesa es visualizar un nuevo modelo en las relaciones laborales que desemboque en un proceso constituyente en materia sindical, haciendo un llamado directo a abandonar el radicalismo y la conflictividad.
El diagnóstico de la crisis expuso la magnitud del colapso fiscal. La jefa de Estado confesó que el actual sistema de pensiones y subsidios es financieramente insostenible. Detalló que el Ejecutivo cubre porcentajes abrumadores de los servicios básicos, asumiendo el noventa y siete por ciento de las cajas de comida subsidiada, el noventa y seis por ciento de la electricidad, el noventa y dos por ciento del agua potable y el noventa y ocho por ciento del gas doméstico. Ante esta realidad, planteó la urgencia de repensar la protección social, enfocándose en garantizar salud, alimentación y recreación para los adultos mayores y los jóvenes.
El sinceramiento oficial también alcanzó a la crisis demográfica. Rodríguez abordó el éxodo de casi ocho millones de venezolanos, una inmensa diáspora esparcida hoy entre Colombia, España, Estados Unidos y el resto del mundo, calificándolo de migración inducida. Sin embargo, aportó un análisis revelador que pasó inadvertido en los primeros reportes oficiales: por primera vez, el Ejecutivo distinguió públicamente dos etapas en este fenómeno, reconociendo una primera ola selectiva de profesionales, como médicos e ingenieros, y una segunda estampida masiva de población vulnerable. Tras esta admisión inédita, extendió una invitación directa a esos ciudadanos en el exterior para que regresen a participar en la reconstrucción nacional.
En el ámbito institucional, la agenda apuntó hacia una modernización del aparato estatal. En un claro avance tecnócrata, Rodríguez firmó en vivo la Ley Orgánica para la Eliminación y Mejora de Trámites Administrativos, una normativa que describió como un acto de justicia para destrabar los procesos de una burocracia local históricamente ineficaz, buscando una gestión digital, transparente y profesional. Durante la transmisión, que sufrió interrupciones por fallas eléctricas, también propuso la creación de un Consejo Nacional de Economía para diseñar un nuevo esquema de tributos.
Asimismo, anunció la conformación de un fondo especial, con participación de capitales privados y organizaciones comunitarias, para evaluar los activos estratégicos del Estado, dejando fuera expresamente al sector de los hidrocarburos. Resulta llamativo que esta última iniciativa coincida en espíritu con una de las propuestas que la opositora María Corina Machado ha planteado desde hace meses: la recuperación y puesta en valor de los bienes venezolanos en el exterior.
Sobre este último punto, el oficialismo trazó una línea roja. Rodríguez aseguró que los recursos bloqueados fuera del país se destinarán a impulsar la producción petrolera y minera para generar ingresos directos hacia salarios e infraestructura básica, como electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales. Sin embargo, advirtió que cualquier propuesta de privatización de Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país, chocará de frente con la voluntad popular. Además, convocó a una gran peregrinación nacional contra las sanciones internacionales impuestas por Washington y Europa, una marcha que recorrerá el territorio desde el diecinueve de abril hasta culminar en la capital el Día del Trabajador.
Omite la figura de Maduro y su mujer
Más allá de la batería de anuncios económicos, el dato político más revelador de la noche fue una omisión. Durante toda su alocución, Rodríguez no hizo ninguna reivindicación de Maduro ni de su esposa Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos desde enero. La única mención al expresidente ocurrió de pasada, como una mera referencia técnica al programa económico de dos mil dieciocho. En contraste, la figura de Hugo Chávez, el fallecido fundador de la Revolución Bolivariana, fue invocada con reverencia en al menos dos ocasiones, apelando a su espíritu de justicia social. Esa asimetría discursiva confirma que la nueva administración busca anclarse en el mito fundacional del movimiento mientras entierra, de forma pragmática y silenciosa, el legado de su predecesor inmediato.