La senadora estatal Sabrina Cervantes presentó una demanda federal por derechos civiles contra la ciudad de Sacramento y varios oficiales de policía, alegando que fue arrestada falsamente y sometida a una extracción de sangre ilegal tras un choque automovilístico en mayo del año pasado. Cervantes, quien es latina y forma parte de la comunidad LGBTQ+, sugiere que su arresto pudo estar motivado por su legislación sobre control policial o por su perfil demográfico.
Según la denuncia, Cervantes conducía un vehículo propiedad del estado cuando otro conductor se saltó una señal de pare y chocó su auto. La legisladora fue trasladada a un hospital con lesiones, mientras la policía acudió a la escena del accidente.
“A pesar de estar ansiosa después de haber sido víctima de un accidente grave, la senadora Cervantes proporcionó una explicación clara y directa de cómo condujo hasta la acera después de ser golpeada, a pesar de estar lesionada y con dolor”, afirma la demanda.
Cervantes alega que los oficiales la trataron como sospechosa y persiguieron una investigación por DUI sin causa probable. La denuncia señala que los agentes la interrogaron extensamente en el hospital mientras ella sentía dolor, pero no observaron signos de intoxicación.
La demanda acusa a los oficiales de buscar una orden para extraer su sangre basándose en declaraciones falsas, incluyendo afirmaciones de que tenía el habla arrastrada y se negó a las pruebas. Cervantes dijo que, en cambio, ofreció proporcionar los resultados de pruebas químicas administradas por el hospital, que luego mostraron que no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol.
Los fiscales finalmente declinaron presentar cargos. Cervantes afirma que los oficiales fabricaron evidencia en una declaración jurada y reportaron falsamente al DMV que se negó a una prueba química, lo que desencadenó posibles procedimientos de suspensión de licencia. La legisladora dice que se vio obligada a contratar asesoría legal para impugnar la acción, que luego fue desestimada.
“Básicamente, pase lo que pase, estamos redactando una orden”, dijo supuestamente uno de los oficiales, según la demanda.
La denuncia también alega que los oficiales la trataron de manera diferente al otro conductor, supuestamente debido a su actividad política, etnia y orientación sexual. Cervantes señala su autoría de la SB 274, que buscaba restringir el uso policial de datos de lectores automáticos de placas, como un posible motivo de represalia. El gobernador Gavin Newsom vetó la legislación en octubre.
La demanda además alega lagunas en el metraje de las cámaras corporales y la destrucción o falta de preservación de evidencia clave, así como declaraciones difamatorias hechas a los medios afirmando que había estado conduciendo bajo los efectos.
Cervantes busca daños no especificados, incluyendo compensación por angustia emocional, daño reputacional y costos legales, junto con daños punitivos y sanciones civiles. Las partes involucradas en el caso no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Post.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**