El congresista Joseph Morelle, representante de Rochester, admitió en una declaración jurada que estuvo equivocado al desestimar en 2001 las acusaciones de violación presentadas por Elizabeth Crothers contra Michael Boxley, entonces asistente del poderoso presidente de la Asamblea estatal de Nueva York, Sheldon Silver. Morelle reconoció que declaró a un medio local que ‘absolutamente no creo ni una palabra de eso’, sin tener un conocimiento completo de los hechos y con la intención de apoyar a Boxley, quien era su amigo.
Michael Boxley, exonerado inicialmente por una investigación de la Asamblea, se declaró culpable en 2003 de conducta sexual indebida por tener relaciones sexuales sin consentimiento con otra empleada legislativa, Rikki Shaw. En su declaración jurada, Morelle afirmó que en 2018 se disculpó públicamente con Crothers, calificando su comentario de 2001 como ‘insensible’. También admitió haber escuchado ‘rumores difundidos’ para difamar a la denunciante y aseguró que ahora es más sensible con las mujeres que reportan abuso sexual por parte de hombres en el poder.
En el mismo caso, el ex contralor de la ciudad y ex asambleísta Scott Stringer declaró que Crothers le relató, la noche del 29 de junio de 2001, detalles del incidente, incluyendo que Boxley ‘se impuso sobre ella y la violó’. Stringer dijo haberle ofrecido su apoyo incondicional para presentar una denuncia o buscar ayuda médica.
Elizabeth Crothers presentó en 2023 una demanda civil contra la Asamblea y el Estado de Nueva York bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, acusando al estado de promover un ambiente laboral hostil, acoso sexual y negligencia en el manejo de su reclamo.
Rikki Shaw, quien se identificó recientemente como la ‘Jane Doe’ del caso de 2003, presentó una declaración jurada en apoyo a Crothers, afirmando que ‘más de 20 años después de ser violada, Albany todavía protege a los políticamente conectados en lugar de responsabilizar a los depredadores’.
La abogada de Crothers, Carrie Goldberg, criticó a la fiscal general Letitia James por defender ‘agresivamente’ a la Asamblea y al gobierno en este caso, cuestionando si ha habido cambios significativos en la cultura política de Nueva York. La oficina del fiscal general indicó que representa a las instituciones en su capacidad legal como asesor del estado.
El juicio está programado para el 24 de agosto.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**