Una propietaria de California documentó el impactante estado en que quedó su propiedad después de que un ocupante ilegal la habitara por casi un año, y el calvario legal para desalojarlo.
Irma Méndez, una corredora de bienes raíces del área de San Diego, acumuló millones de vistas en línea tras publicar imágenes del interior de su condominio en Chula Vista. Las grabaciones revelan montones de basura, alfombra destrozada y grafitis perturbadores, incluyendo insultos raciales garabateados en las paredes, según reportó Central Valley.
Méndez explicó que compró la propiedad tapiada sin verla antes de una ejecución hipotecaria, esperando complicaciones, pero no una batalla legal de 10 meses. “Esta persona simplemente se instaló. Entró, puso el servicio de SDG&E a su nombre, y su agua la paga la asociación de propietarios, así que básicamente tenía vivienda gratis”, dijo.
Aunque los ocupantes ilegales no eran una sorpresa, el prolongado proceso de desalojo sí lo fue. “Eventualmente, se fue; se presentó en la corte exigiendo quedarse más tiempo”, añadió.
Cuando los agentes del sheriff finalmente entraron a la unidad, el ocupante ya había huido, pero no antes de dejar daños extensos y un mensaje escalofriante. “Estuvo allí básicamente destruyendo el lugar”, relató Méndez. “Escribiendo en las paredes, escribiendo groserías, lanzando ratones a la pared”.
Expertos legales señalan que casos como este son cada vez más comunes en el condado de San Diego, donde los tribunales de desalojo están saturados. “Vine a hablar con él para ver si estaría dispuesto a aceptar dinero por las llaves, quizás irse un poco antes, dijo que no, absolutamente no. Él tiene derechos”, comentó el abogado Seth Barron, fundador de Landlord Solutions San Diego.
“Muy claramente, los ocupantes ilegales no tienen derechos; no son inquilinos, son intrusos criminales. El problema es el mecanismo de aplicación”, afirmó Barron.
El abogado detalló que la acumulación de casos es abrumadora, con un solo juez manejando aproximadamente 9,000 casos de desalojo al año, unos 700 a 800 cada mes. “Es un trabajo imposible”, agregó.
A pesar de la experiencia, Méndez no se ha dejado disuadir. Ya renovó el condominio dañado y aseguró un nuevo inquilino. Además, ha adquirido otra propiedad en mal estado, sin intimidarse por los riesgos.
Barron aconseja a los propietarios actuar rápidamente al lidiar con ocupantes ilegales, señalando que la mayoría de los casos aún toman entre tres y seis meses una vez que llegan a los tribunales.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**