El pasado 26 de marzo el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la clínica estética Diosa, en Santiago, luego de que Angélica Geraldín Hernández, de 32 años, falleciera mientras presuntamente se le practicaba una liposucción.
Según sus familiares, el procedimiento habría sido realizado por el doctor Óscar Polanco, quien es ginecólogo y no cirujano plástico.
Sin embargo, el caso ha destapado un entramado de denuncias previas, operaciones clandestinas y presunto intrusismo médico que ya había sido advertido por especialistas y autoridades.
La Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos (SODOCIPRE) aseguró en un comunicado reciente que la muerte de Hernández no constituye un hecho aislado, sino “una tragedia anunciada”, al recordar que desde hace tiempo habían denunciado la existencia de médicos y centros que operan fuera del marco legal.
La organización también hizo referencia a una investigación periodística realizada en marzo de 2025, en la que se reveló que en esa misma clínica se promocionaban cursos exprés o “mini residencias” de cirugía plástica con apenas cinco días de duración.
De acuerdo con los materiales promocionales difundidos entonces, el curso tenía un costo de 6,040 dólares e incluía jornadas prácticas con pacientes reales. Entre los facilitadores del programa figuraba el ginecólogo Juan Óscar Polanco.
Las denuncias apuntaban a un esquema en el que pacientes eran utilizados como parte del proceso de enseñanza, mientras se ofrecía una formación sin aval académico ni reconocimiento oficial. Tras ese reportaje, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre del centro.
Sin embargo, meses después, la clínica continuaba operando.
LA CAPTACIÓN DE PACIENTES
De acuerdo con el testimonio de familiares de la víctima, Angélica Hernández inició el proceso para realizarse una cirugía estética en noviembre de 2025.
La joven habría sido contactada por una coordinadora de citas identificada como Karen Piña, quien presuntamente captaba pacientes a través de redes sociales, coordinaba los pagos y las refería al lugar donde finalmente se realizarían las intervenciones.
Su hermana, Erika Hernández, relató que inicialmente le ofrecieron un paquete quirúrgico que incluía varios procedimientos estéticos.
Según explicó, durante la consulta le indicaron que debía someterse a una abdominoplastia y otros procedimientos corporales, y le solicitaron un adelanto de 20,000 pesos para reservar el paquete.
Inicialmente, el procedimiento se realizaría en una clínica de Santo Domingo. Sin embargo, posteriormente fue trasladado a la clínica estética Diosa, en Santiago.
Antes de la operación, la joven grabó videos de las instalaciones con su teléfono celular y envió audios a sus familiares en los que relataba cada etapa del proceso.
También firmó un documento de consentimiento informado minutos antes de la intervención.
Poco después, mientras era operada, sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.
SEÑALAMIENTOS DE LA FAMILIA
Los familiares de la joven responsabilizan a varias personas por lo ocurrido.
Su hermana Laura Hernández señaló a Karen Piña, a quien describe como la persona encargada de captar pacientes, así como al doctor Óscar Polanco, a quien identifica como propietario de la clínica, aunque el centro estaría registrado a nombre de su esposa.
Según explicó, la propia Angélica le había enviado audios en los que mencionaba que Polanco sería quien la operaría a ella y a la paciente con la que compartía habitación.
La familia asegura que desconocía que la clínica había sido previamente clausurada por el Ministerio de Salud Pública y que se enteraron de esa situación a través de redes sociales y publicaciones en internet.
También indicaron que residentes en las inmediaciones del centro les informaron que el lugar operaba de manera irregular, cerrando sus puertas durante la noche y realizando las intervenciones en horas de la madrugada.
La familia informó que prepara acciones legales por el caso, asesorada por el abogado Pedro Domingo Brito.
IRREGULARIDADES DETECTADAS POR SALUD PÚBLICA
Tras el levantamiento del cadáver, la fiscal Yeilín Durán, directora de Violencias Físicas de la Fiscalía de Santiago, envió el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia correspondiente.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Salud Pública una investigación para determinar el estatus de habilitación del centro.
El director de Habilitación de Establecimientos de Salud, Juan Gerardo Mesa, explicó que la clínica había sido clausurada anteriormente tras detectarse irregularidades durante inspecciones.
Entre ellas, modificaciones estructurales no autorizadas que no coincidían con los planos aprobados en 2021.
Sobre el caso de Angélica Hernández, indicó que el expediente clínico presenta inconsistencias.
Según explicó, el documento de consentimiento informado fue firmado únicamente por la paciente y una testigo, pero no por un médico responsable, como establece el protocolo.
Además, el supuesto director médico del establecimiento, el doctor Heriberto Duranzo, aseguró a las autoridades que no se encontraba en el centro el día en que se realizó el procedimiento.
El funcionario explicó que el Ministerio de Salud Pública está recopilando toda la información del caso para remitirla a la dirección jurídica de la institución y determinar las responsabilidades correspondientes.
UN ESQUEMA CLANDESTINO
Testimonios de otras personas que iniciaron procesos quirúrgicos en la misma clínica describen un sistema de captación de pacientes que operaba al margen del circuito médico formal.
Un denunciante anónimo explicó que la coordinadora identificada como Karen Piña era la encargada de conseguir pacientes, gestionar los pagos y coordinar las intervenciones.
Según su relato, esta red movilizaba pacientes desde distintas provincias del Cibao hacia centros donde se realizarían las cirugías.
En algunos casos, las pacientes no eran ingresadas directamente a la clínica. Permanecían previamente en una vivienda cercana y, en horas de la madrugada, eran trasladadas en camillas hasta el establecimiento para ser intervenidas.
De acuerdo con los testimonios, las operaciones se realizaban en horarios nocturnos, cuando el centro permanecía aparentemente cerrado.
UNA TRAGEDIA QUE REABRE EL DEBATE
La muerte de Angélica Hernández ha vuelto a encender las alarmas sobre la proliferación de clínicas estéticas que operan sin las habilitaciones correspondientes y sobre el presunto intrusismo médico en procedimientos quirúrgicos.
Para especialistas y autoridades, el caso expone las debilidades en los mecanismos de supervisión y la existencia de redes que captan pacientes fuera del sistema sanitario formal.
Una clínica que ya había sido clausurada, que ya había sido denunciada y advertida, continuó operando.