Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, advirtió este lunes que no quiere un turismo que venga a dañar a niños, niñas y adolescentes mediante la explotación sexual y otros delitos.
También hizo un llamado a los representantes del Ministerio Público a actuar con firmeza en la persecución de ese tipo penal y mantener un comportamiento ejemplar ante los ciudadanos.
Así lo expresó durante la inauguración de una fiscalía especial para combatir la trata y tráfico de personas en el municipio turístico de Boca Chica.
Nueva fiscalía y cifras alarmantes
La magistrada además afirmó que la nueva unidad del Ministerio Público atenderá los casos de violencia de género e intrafamiliar.
Reveló que el pasado año, por ese tipo penal, se recibieron más de 73 mil denuncias a nivel nacional.
Contexto histórico del problema
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata y tráfico de personas son fenómenos que han existido durante décadas a nivel mundial, vinculados a dinámicas de desigualdad social, pobreza, migración irregular y crimen organizado.
En muchos países del Caribe, incluyendo la República Dominicana, el crecimiento del turismo desde finales del siglo XX generó importantes beneficios económicos, pero también abrió espacios para actividades ilícitas asociadas, como el turismo sexual.
Durante los años 80 y 90, organismos internacionales comenzaron a alertar sobre el aumento de redes de explotación sexual comercial en destinos turísticos. Este fenómeno se agravó con la expansión de internet y el fácil acceso a plataformas digitales, que facilitaron el contacto entre agresores y víctimas, así como la difusión de contenido ilegal.
Evolución legal e institucional
Frente a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas y otras entidades promovieron convenios y protocolos internacionales, como el Protocolo de Palermo (2000), orientados a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente de menores de edad.
En respuesta, la República Dominicana fortaleció su marco jurídico con leyes específicas que penalizan la trata, el tráfico ilícito de migrantes y la explotación sexual comercial. Asimismo, se han creado unidades especializadas dentro del Ministerio Público y la Policía Nacional para perseguir estos delitos, aunque persisten desafíos en la aplicación efectiva de la ley.
Factores sociales y económicos
Diversos factores estructurales contribuyen a la persistencia de este problema:
- Pobreza y desigualdad: familias vulnerables pueden ser más susceptibles a redes de captación.
- Entornos turísticos: zonas con alta afluencia de visitantes, como Boca Chica, han sido señaladas históricamente como puntos de riesgo.
- Falta de educación y protección: menores sin acceso a educación o apoyo institucional son más vulnerables.
- Impunidad y corrupción: dificultan la persecución efectiva de los responsables.
Respuesta institucional reciente
En los últimos años, las autoridades dominicanas han intensificado los esfuerzos para combatir estos delitos mediante:
- Creación de fiscalías especializadas.
- Campañas de concienciación dirigidas a turistas y ciudadanos.
- Cooperación internacional con organismos como UNICEF.
- Mejora en los sistemas de denuncia y atención a víctimas.
Las declaraciones de la procuradora Yeni Berenice Reinoso se insertan en este contexto de fortalecimiento institucional y reflejan una postura más firme del Estado frente a un problema que combina dimensiones sociales, económicas y criminales.
Situación actual y retos
A pesar de los avances, las cifras de denuncias —como las más de 73 mil registradas en un año por violencia de género e intrafamiliar— evidencian la magnitud del problema. Entre los principales retos actuales se encuentran:
- Mejorar la prevención en comunidades vulnerables.
- Garantizar la protección integral de las víctimas.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional.
- Combatir nuevas modalidades digitales de explotación.