El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea que buscará endurecer la expulsión de inmigrantes irregulares en los Estados miembros. La propuesta, que ha sido aprobada por la ‘mayoría venezolana‘, el Partido Popular Europeo (PPE), Patriotas — … grupo al que pertenece Vox—, ECR y ESN, impulsará medidas como concebir la estancia ilegal como delito (algo que no preveía el texto inicial de la Comisión), amplificar las órdenes de retorno a todos los Estados miembros, la prohibición de entrada indefinida y permanente en riesgos de seguridad o la creación de centros de retornos en terceros países y la eliminación de prohibición de deportar a familias en estos. La propuesta ha sido aprobada por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. El grupo socialista, verde y de izquierda radical han votado en contra.
Esta última medida es una de las propuestas estrella —y más polémica— que llevó a cabo Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Estos centros, ubicados en Albania y gestionados por Roma, acogen a los inmigrantes irregulares recogidos en el mediterráneo, se registran, se estudian las solicitudes de protección y se mantiene a quienes ya tienen una orden de expulsión. La Justicia italiana paralizó el envío de inmigrantes a estos centros. El nuevo reglamento busca que los Estados miembros puedan replicar esta propuesta.
Tras esta aprobación en la Eurocámara, se buscará ahora el consenso en el trílogo de la UE, en el que el Parlamento, la Comisión y el Consejo deberán llegar a un acuerdo para aprobar el texto final o modificarlo. Fuentes cercanas a la dirección europea de Vox creen que esta negociación no se alargará demasiado debido a los intereses electorales de la mayoría de Gobiernos del Consejo. La Comisión y el Parlamento, por su parte, han sido los impulsores de este nuevo Reglamento mucho más duro. La decisión recae, ahora, en los Gobiernos de los Estados miembros, quienes mostraron su apoyo en diciembre de 2025 a la norma (todos excepto España).
Esta nueva propuesta nace de la falta de eficacia y armonización que trajo la Directiva de Retorno de 2008. Esta era mucho más laxa e invitaba a los veintisiete Estados miembro a llevar a cabo su interpretación de la norma gracias a objetivos fijos obligatorios. El reglamento, por el contrario, es de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los países de la UE.
En diciembre de 2025, los Gobiernos de la UE ya adoptaron sus posiciones en esta cuestión. En el caso de España, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez fue el único que votó en contra de la norma. La norma marca distancias con Sánchez y la regularización masiva de inmigrantes que anunció en febrero.
Las medidas
La Eurocámara, con el nuevo Reglamento de Retornos, busca reforzar la vía forzosa para que la voluntaria sea más creíble. Por ello, propone que las órdenes de expulsión sean mutuas en todos los países miembros. Por ejemplo, si un inmigrante irregular con una orden de expulsión en España se traslada a los Países Bajos, se deberá ejecutar la decisión adoptada en este país. Con ello, se estandariza las decisiones de retorno en la Unión Europea. Los Estados, además, podrán ejercer detenciones «flexibles» de 24 meses siempre que exista un riesgo para la seguridad.
Una de las tácticas habituales de los inmigrantes irregulares con ordenes de expulsión conllevaba presentar recursos para alargar los procesos judiciales y evitar su salida del territorio. Con el nuevo Reglamento de Retornos esto finalizará y, además, se eliminará la asistencia letrada gratuita para presentar estos recursos.
Otras de las estrategias se basa en limitar la información entregada a las autoridades, algo que ahora no bastará, ya que la policía podrá confiscar dispositivos electrónicos para verificar la identidad. Falsear la identidad o mentir en la edad provocará la pérdida de ayudas o derecho al trabajo.