La ciudad de Los Ángeles se enfila a adoptar una ley que prohíbe a los empleados de la ciudad trabajar para agencias de inmigración, como el Servicio de Inmigración, de la Oficina de Control de Aduanas, (ICE), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La disposición, primera en su tipo en todo Estados Unidos, cuenta con el respaldo de la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto; y fue aprobada por 14-1 votos en el pleno del Consejo Municipal, solo el concejal Bob Blumenfield estuvo ausente
La legislación se encuentra pendiente de aprobación en la Comisión de Personal y Contratación,, y requiere la firma de la alcaldesa Karen Bass para entrar en vigor.
Durante la presentación de la ordenanza, la concejal Mónica Rodríguez (Distrito 7) lamentó “el inicio de las redadas y la traición de nuestro gobierno federal, el cual se ha prestado a llevar a cabo detenciones inconstitucionales de miembros de nuestra comunidad en todo el país”.
Momentos previos a la adopción de la normativa, Rodríguez precisó que la medida prohibirá a cualquier empleado municipal, ya sea juramentado o civil, participar en oportunidades de empleo adicionales o buscar trabajos secundarios con agencias que apoyen las redadas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de ICE.
El mandato no se limita únicamente a dichas agencias; también abarca y engloba todos los esfuerzos asociados que han formado parte de las redadas que han provocado efectos devastadores en las comunidades, no solo en cuanto a la separación de familias, sino también en el impacto económico que se ha sentido en toda la ciudad y en toda la nación.
“Las familias sienten esto cada día”, dijo la concejal. “Por ello, era fundamental asegurar que, aquí en la ciudad de Los Ángeles, consagráramos una ordenanza y una protección que garantizara la integridad del trabajo de los servidores públicos de esta ciudad; una medida que permitiera a las familias confiar en que los empleados de la Ciudad de Los Ángeles no participan en otras actividades —otras funciones laborales— que pudieran comprometer su labor, su función y el nivel de confianza que debemos ejemplificar aquí en esta ciudad”.
Adelantó que el gobierno estatal presentaría una ley similar que abarque únicamente al personal de las fuerzas del orden.
“Les estamos prohibiendo participar en cualquier oportunidad de empleo adicional que respalde estas actividades atroces [de detención arresto y deportación de inmigrantes]”, agregó la concejal Rodríguez. “Esta ordenanza marca un paso muy importante en nuestra identidad como ciudad y se alinea con gran parte del trabajo que hemos venido liderando para asegurar que las familias y los habitantes de Los Ángeles sientan que cuentan con un lugar seguro en su gobierno, ene l que pueden confiar”.
La aplicación de la nueva ley tendría coordinación con el Departamento de Policia de Los Ángeles para clarificar los protocolos de respuesta a llamadas que involucren inquietudes sobre la aplicación de las leyes de inmigración, además de asegurar que los oficiales de primera línea no actúen como agentes de inmigración y se pueda restaurar la confianza de la comunidad en las respuestas de la ciudad.
Además, en la implementación y cumplimiento del nuevo mandato se establecerá el marco disciplinario y la redacción referente a las condiciones de empleo y coordinación con los equipos laborales y legales para asegurar que las medidas correctivas se alineen con los Memorandos de Entendimiento (MOU) y las leyes laborales.
Para tal efecto, se comunicarán los nuevos requisitos sobre las condiciones de empleo a los supervisores y gerentes de departamento. Ellos serán instruidos sobre cómo tramitar las solicitudes de empleo externo y los pasos disciplinarios bajo el amparo de la ordenanza.
La dignidad de los angelinos
Luego de reconocer que Los Ángeles ha sido siempre una ciudad segura que valora la confianza pública, la seguridad y la dignidad de todos aquellos que consideran a esta ciudad su hogar, independientemente de su estatus migratorio, la abogada Hydee Feldestein Soto recordó que esa es una política que tuvo su origen en 1979, a raíz de un cambio normativo en el LAPD encabezado por el entonces jefe Darrell Gates.
En efecto, la Orden Especial 40 establecía que no es posible garantizar la seguridad pública —ni generar confianza en las comunidades, logrando que las personas se presenten a denunciar delitos y a servirnos como testigos en causas penales— si se utilizaba el estatus migratorio como pretexto para separar familias, denunciarlas ante las autoridades de inmigración y proceder a su deportación.
“Por consiguiente, y con el fin de asegurar que las comunidades inmigrantes de nuestra ciudad estuvieran a salvo de la delincuencia, el LAPD promulgó originalmente la «Regla 40», destinada a proteger a la ciudadanía y a impedir que la institución policial actuara como brazo ejecutor de las autoridades de inmigración”, destacó la fiscal.
Reacciones encontradas
Jocelyn Duarte, directora ejecutiva del Fondo Salvadoreño-Estadounidense de Liderazgo y Educación (SALEF), apoyó la ordenanza e indicó que la misma aborda una laguna crítica en el Código Administrativo de la ciudad de Los Ángeles.
“Si bien la política actual regula el empleo externo de los empleados municipales, no prohíbe explícitamente su colaboración con agencias federales de control de la inmigración, tales como ICE, CBP o el Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó.
“Precisamente, esa laguna está a punto de cerrarse. Se trata de una respuesta a un momento de urgencia”, añadió. “Todos sabemos que, a partir del 6 de junio [de 2025], nos convertimos en el epicentro de los ataques del DHS contra nuestras comunidades; estamos siendo testigos de acciones cada vez más agresivas —y, en ocasiones, al margen de la ley”.
Enumeró las detenciones de familias sin transparencia ni el debido proceso, socavando estos derechos, y que las prácticas de control se están expandiendo de maneras que infunden miedo más allá de sus objetivos inmediatos.
“En este contexto, la ciudad de Los Ángeles debe dejar claro cuál es su postura. No podemos permitir ninguna vía —ni siquiera indirecta— que permita a los empleados municipales participar en sistemas de apoyo que operen de formas que erosionen los derechos civiles y la dignidad humana. Hacerlo contradiría los mismos principios que nuestra ciudad afirma defender”.
‘Es mi decisión’
Quien no tiene en claro el objetivo de la ordenanza es “M. Sánchez”, una empleada del Departamento de Transportación, quien declaró a La Opinión: “Para mí, que me prohíba la ciudad donde trabajar no está bien. Esa es mi decisión”.
Entre tanto, María González, una vendedora de frutas originaria de Puebla, México, opinó: “Esta bien que quieran esa ley, pero yo desconfío de la policía”.
Ante estos ejemplos, la concejal Mónica Rodríguez, dijo: “Tras la aprobación de esta ordenanza no se permitirá ni autorizará un empleo externo; el empleado es libre de tomar la decisión que considere oportuna, pero esa es la condición que se hará cumplir aquí en Los Ángeles”.
La abogada Hydee Feldestin Soto, expuso que hay un video circulando de cuando comenzaron las redadas y los primeros días de confusión.
“Consideró que parte de la labor del LAPD consistía en tratar de mantener la ley y el orden en nuestras calles”, expresa. “Me sorprendería que existieran ejemplos recientes, ya que creo que nuestro departamento de policía se ha adaptado de manera admirable a circunstancias muy difíciles, y no considero que el temor esté justificado por el entorno actual”.
Agregó que el jefe de policía, Jim McDonnell, los agentes del LAPD, su oficina y todo el Concejo Municipal respaldan el hecho de que han sido claros respecto a la condición de Los Ángeles como ciudad santuario.
“Nuestros recursos no serán utilizados [para la aplicación de las leyes de inmigración]. La ordenanza actual, va un paso más allá: Establece que nuestros recursos no se verán comprometidos”, subrayó.
La abogada de la ciudad recordó que, “Nuestros empleados no servirán a dos amos simultáneamente, y ese es un paso crucial para reconstruir cualquier confianza que se haya podido perder en los últimos 12 meses”.
Enfatizó que se respalda a las comunidades inmigrantes y el principio de que las fuerzas del orden locales están para garantizar la seguridad pública y combatir los delitos contra la ciudadanía.
“La inmigración es un procedimiento civil y recae bajo la jurisdicción exclusiva del gobierno federal”, subrayó.
‘No tener humanidad’
José Ugarte, candidato para concejal por el Distrito 9 de Los Ángeles, valoró que la ordenanza para prohibir a los empleados de la ciudad a contratarse con agencias de inmigración “es un paso necesario para proteger a la comunidad inmigrante”.
“Muchos inmigrantes trabajan durante el día y luego son empleados de la ciudad de noche, lo cual genera miedo en la comunidad”.
Agrega que al mismo tiempo, otras ciudades de Estados Unidos también están adoptando medidas similares para proteger a sus comunidades, especialmente tras la administración de Trump.
Por su parte, Suyapa Bonilla Maldonado, inmigrante de madre hondureña y padre norteamericano consideró que muchas familias han sido separadas por inmigración y miles de en niños han quedado abandonados.
“Eso no es justo. Solo con [Adolfo] Hitler se miró esto”, manifestó. “No podemos continuar con esta barbarie. Eso [la detención, arresto y deportación de inmigrantes] es no tener humanidad para nuestras comunidades que han venido a ser grande a este país cual está construido de puros emigrantes”.
Adolfo Hitler (1889-1945) fue un político alemán de origen austriaco, líder del Partido Nazi (NSDAP), que gobernó Alemania entre 1933 y 1945. Como Führer, estableció un régimen totalitario, inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939 y fue el principal responsable del Holocausto, el genocidio de unos seis millones de judíos y millones de otras víctimas.
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