En un desafío directo a las políticas de seguridad de la Casa Blanca, el estado de Minnesota y el condado de Hennepin presentaron una demanda federal contra la administración de Donald Trump. La querella exige la entrega inmediata de pruebas relacionadas con los tiroteos donde murieron los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.
Los demandantes también cargaron contra los operativos migratorios y advirtieron de que los tiroteos son “ejemplos” de las acciones violentas cometidas por los agentes federales en Minnesota.
“Los agentes federales también llevaron a cabo detenciones ilegales, redadas, arrestos y operativos peligrosos en espacios públicos. El operativo generó un temor generalizado entre los residentes de Minnesota, tanto ciudadanos como no ciudadanos”, detalla la querella legal.
La demanda además ha solicitado al tribunal que declare la práctica del DHS y el DOJ de negarse a compartir material de investigación con las autoridades de Minnesota como “arbitraria y caprichosa” y excesiva con respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Según los fiscales estatales, el Gobierno federal ha bloqueado el acceso a información clave para proteger a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza de posibles cargos penales.
Un rastro de sangre en el “Metro Surge”
Los hechos que motivan la demanda se remontan a enero pasado, durante la ejecución de la Operación Metro Surge, un despliegue masivo de miles de agentes federales en el área de Minneapolis y St. Paul. Lo que el presidente Trump calificó como un “éxito” en su campaña nacional de deportaciones, las autoridades locales lo describen como un operativo marcado por el abuso de la fuerza y el caos.
El 7 de enero, Renée Good, de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente del ICE mientras protestaba pacíficamente contra una redada. Apenas 20 días después, el 24 de enero, el enfermero Alex Pretti, también de 37 años, fue tiroteado por un oficial de la Patrulla Fronteriza cuando intentaba auxiliar a una mujer durante otra protesta. La demanda también reclama información sobre el caso de Julio César Sosa-Celis, un ciudadano herido de bala en una pierna por fuerzas federales.
“Los principios del federalismo no permiten que el Gobierno federal retenga pruebas con el fin de proteger a sus agentes del escrutinio cuando un Estado investiga violaciones graves de sus leyes penales dentro de sus fronteras”, señala el documento legal firmado por la fiscal general del estado, Keith Ellison, y la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
Opacidad y promesas incumplidas
La demanda sostiene que, tras los incidentes, las autoridades federales “incumplieron rápidamente” sus promesas de cooperación. En lugar de permitir que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota procesara las escenas, los agentes del DHS tomaron posesión exclusiva de las pruebas y acordonaron las zonas, impidiendo el paso incluso a la policía local de Minneapolis.
La situación se agravó cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó las acciones de los oficiales calificando a los ciudadanos fallecidos como “terroristas domésticos”, una postura que la fiscal Moriarty calificó como un intento de desviar la responsabilidad.
A diferencia de administraciones anteriores, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, ha decidido no abrir investigaciones de derechos civiles en el caso de Good, alegando que no existen hechos que lo justifiquen. Ante esta negativa, Minnesota busca que los tribunales obliguen a Washington a rendir cuentas. “Es como si fuéramos directamente al corazón de la administración con nuestras demandas”, sentenció Moriarty tras presentar el recurso en la capital del país.
Por su parte, funcionarios federales han defendido que no todos los tiroteos requieren investigaciones de derechos civiles, argumentando que estas dependen de circunstancias específicas.
El caso podría sentar un precedente sobre los límites de la autoridad federal frente a investigaciones estatales, en un momento en que la política migratoria continúa siendo uno de los temas más polarizantes en Estados Unidos.
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