La ciudad de Nueva York funciona con el trabajo, el espíritu emprendedor y el dinamismo cultural de su gente. En el corazón de ese motor se encuentran las comunidades latinas, que contribuyen a impulsar no solo la economía de la ciudad, sino la economía del estado de Nueva York. Sin embargo, en lugar de invertir en las comunidades latinas y en nuestra ciudad en su totalidad, el estado de Nueva York, con demasiada frecuencia, limita los ingresos y reparte recortes y transferencias de costos que imponen una carga aún mayor sobre la clase trabajadora. Hoy, mientras la ciudad de Nueva York enfrenta un déficit presupuestario de 5,4 billones de dólares, el Estado debe devolver los recursos que necesitamos para restaurar la salud fiscal de nuestra ciudad.
Esto comienza con aumentar los impuestos para los ricos y poner fin al drenaje de recursos que fluyen desde la ciudad hacia el estado.
Durante demasiado tiempo, nuestra ciudad ha sufrido una falta sistemática de financiación por parte del estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York envía a Albany una cantidad de ingresos fiscales muy superior a la que recibe a cambio, dejando a la ciudad la responsabilidad de asumir los costos crecientes de los servicios públicos, la infraestructura y los programas sociales. Este desequilibrio no ha hecho más que acentuarse con el paso del tiempo. En 2010, el estado recortó los fondos destinados a un programa de ayuda e incentivos para municipios, afectando a una sola ciudad —la ciudad de Nueva York—, y nunca restituyó dicha financiación. Esa decisión privará a nuestra ciudad de 400 millones de dólares en fondos tan solo este año.
El drenaje no ha terminado ahí. Con el tiempo, el estado ha limitado los reembolsos por gastos de albergues para adultos, lo que ha resultado en una transferencia de costos de 500 millones de dólares hacia la ciudad. Ha recortado en 327 millones de dólares la ayuda para el acogida temporal (foster care); ha reducido en 193 millones de dólares la asistencia alimentaria y de vivienda para familias de bajos ingresos; ha recortado 65 millones de dólares en apoyo para la asistencia al alquiler; y ha descargado sobre la ciudad de Nueva York aproximadamente 480 millones de dólares en nuevos costos relacionados con la MTA. En conjunto, estas políticas representan miles de millones de dólares en recortes y transferencias de costos que perjudican a los neoyorquinos de clase trabajadora.
Considerando el papel central que desempeña nuestra ciudad en el sostenimiento de la economía estatal, las crecientes transferencias de costos y los recortes de financiación impuestos por el Estado resultan indefendibles. Hoy en día, la ciudad de Nueva York aporta el 54,5% de los ingresos estatales, pero solo recibe de vuelta el 40,5%. Solo en 2022, nuestra ciudad envió 68,8 billones de dólares en ingresos a Albany, pero solo recibió 47,6 billones de vuelta: un déficit de 21,2 billones de dólares. No cabe duda alguna: la ciudad de Nueva York —y las comunidades que la hacen funcionar— es la fuerza motriz detrás de la economía del estado de Nueva York. Sin embargo, una y otra vez, se nos trata menos como a un socio digno de inversión y más como a una alcancía que puede ser saqueada a voluntad.
Mientras tanto, el estado también restringe la capacidad de la ciudad de Nueva York para generar sus propios ingresos, dado que solo el estado puede decidir aumentar los impuestos a los neoyorquinos más acaudalados y a las corporaciones. Esta es una situación insostenible en un momento definido por una desigualdad, en el que una riqueza sin precedentes coexiste con una pobreza profunda y persistente.
Debemos tener la capacidad de aumentar el impuesto a los ultra-ricos —quienes más se han beneficiado de nuestra economía— para invertir en vivienda, educación, transporte público y seguridad ciudadana para nuestras comunidades. Las consecuencias de las restricciones impuestas por Albany a la economía de nuestra ciudad se han vuelto imposibles de ignorar. La ciudad de Nueva York enfrenta un déficit presupuestario de 5,4 billones de dólares, heredado de la mala gestión fiscal del exalcalde Eric Adams, mientras que el estado cuenta con un superávit de 10 billones de dólares. Además, la ley de Trump conocida como *One Big Beautiful Bill Act* otorgó el año pasado a los millonarios de Nueva York un recorte fiscal colectivo de 12 billones de dólares, lo que equivale a unos 129.600 dólares por millonario al año. Si los líderes estatales hablan en serio sobre la prosperidad compartida, deben corregir esta inequidad devolviendo recursos a la ciudad y aumentando nuestros ingresos mediante impuestos a los ricos y a las corporaciones.
La clase trabajadora merece recibir inversiones por parte de nuestro estado. Cuando Albany asigna fondos insuficientes a la ciudad de Nueva York, las familias latinas —y todos nuestros vecinos— pagan el precio: viviendas hacinadas, escuelas con recursos escasos y una reducción en los servicios y programas municipales. Invertir en nuestras comunidades no es solo una cuestión de justicia; es una inversión en el futuro de todo el estado. Si Nueva York aspira a seguir siendo un lugar de oportunidades para todos, el estado debe contribuir a cerrar el déficit presupuestario de la ciudad gravando a los ricos y poniendo fin a esta sangría de recursos.
Claire Valdez es asambleísta