La estrategia del Gobierno de Donald Trump de evitar que Venezuela pague a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, los exorbitantes costas legales de su procesamiento en Nueva York podría volverse un obstáculo en el caso contra el dictador venezolano.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, … presentó este viernes un escrito ante el juez del caso, Alvin Hellerstein, en el que razona que la imputación de su defendido debe ser desestimada por haberse vulnerado sus derechos según lo establecido en la Quinta y en la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.: es decir, su derecho a elegir abogado y a tener un proceso judicial justo.
La vulneración, según Pollack, se debe a la decisión del Gobierno de EE.UU. a impedir que Maduro pague a su abogado por las sanciones impuestas por la Administración Trump contra el expresidente de Venezuela y contra el propio país sudamericano.
En un principio, estas sanciones no afectaron a la capacidad de Maduro de tener representación legal y pagar a Pollack, un letrado de altos vuelos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés), la agencia del Tesoro de EE.UU. que gestiona las sanciones y el bloqueo de activos a los sancionados, concedió una licencia especial a Pollack después de que este lo solicitara para poder dar representación legal a Maduro. Pero, inmediatamente después, la retiró, lo que obstaculizaba la posibilidad de que su defendido pagara sus honorarios.
A finales de febrero, Pollack anunció que pediría la desestimación de los cargos que enfrenta Maduro si no se revertía la situación. La semana pasada, la fiscalía presentó un escrito para oponerse a esa desestimación y este viernes la defensa ha tenido su réplica.
En su escrito, Pollack hace una petición maximalista -la retirada de los cargos, algo que es poco probable- o, como alternativa, la celebración de una vista probatoria para discutir el asunto.
El intento del Gobierno de EE.UU. de ahogar la capacidad de defensa de Maduro podría tener la consecuencia no deseada de, por lo menos, enredar el proceso.
Maduro está en una cárcel federal de Brooklyn, tristemente célebre por las condiciones duras de los reclusos, desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero en una espectacular operación de las fuerzas especiales de EE.UU. Después de que se le leyeran sus cargos el pasado enero, estaba prevista una segunda vista para el próximo jueves 26 de marzo. En ella, se debería empezar a discutir las pruebas por las que se juzgará al exmandatario venezolano y el calendario para su juicio.
Ahora eso está en duda, a la espera de lo que decida el juez Hellerstein tras el escrito presentado por Pollack este viernes. En él, el abogado trata de desmontar los argumentos presentados por la fiscalía el pasado 13 de marzo para cortar el grifo de dinero venezolano a Maduro. Pollack asegura que los fiscales no explican por qué la negativa a que Venezuela costee la defensa de su expresidente responde a una «emergencia nacional que supone una amenaza inusual y extraordinaria, en especial con la normalización de las relaciones entre ambos países» (el propio Trump defiende cada vez que puede que la relación con el Gobierno de Delcy Rodríguez es «excelente»). También utiliza la inconsistencia del Gobierno de no denegar en un primer momento la licencia respecto a Flores, la mujer de Maduro. O por qué la OFAC ha concedido las licencias en otros casos similares y no en este.
En su escrito anterior, la fiscalía ofreció como remedio a la situación que viven Maduro y Flores que el juez nombrara a un abogado de oficio para su defensa, para que tengan representación legal. «Forzar a los acusado a aceptar un abogado de oficio no elegido por ellos no es, por definición, una solución a una violación de elegir una representación de su gusto», defiende Pollack.
La interferencia de OFAC para impedir que Venezuela pague los gastos legales de Maduro es una «interferencia» en el derecho a defensa que merece la desestimación de los cargos, concluye Pollack. O, de forma alternativa, «una vista probatoria» para tratar este asunto. La decisión está ahora en manos del juez Hellerstein.