Asociaciones brasileñas de prensa cuestionaron este jueves al juez del Supremo Alexandre de Moraes por ordenar el registro de la casa de un periodista que investigaba sobre el supuesto uso irregular de un vehículo oficial por parte de la familia de otro magistrado de la corte.
En una nota conjunta, las agremiaciones tildaron de «preocupante» la decisión de De Moraes, relator del proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo y quien también se ha visto salpicado por sus vínculos con un banquero detenido por corrupción.
- Suscriben la nota la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER) y la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ).
Reacciones de la prensa brasileña
El objeto de las búsquedas, que llevó a cabo la Policía Federal el martes, fue el periodista Luís Pablo, quien publicó en su blog informaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo oficial del Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão por parte de la familia del juez del Supremo Flávio Dino.
Dino, quien fue ministro de Justicia entre 2023 y 2024 en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es oriundo de Maranhão y nació en el seno de una familia influyente en esa región del empobrecido noreste de Brasil.
Durante el registro de la casa de Luís Pablo, las autoridades brasileñas se llevaron computadores y celulares para seguir con la investigación en su contra.
Según las primeras indagaciones, el periodista monitoreó de manera ilegal los desplazamientos del vehículo oficial utilizado por Dino y su familia en Maranhão para demostrar su supuesto uso irregular.
Protección constitucional del periodismo
La actividad periodística, independientemente del medio y de su línea editorial, cuenta con la protección constitucional del secreto de la fuente. Cualquier medida que eventualmente viole dicha garantía debe entenderse como un ataque al libre ejercicio del periodismo», afirmaron las asociaciones de prensa.
El Colegio de Abogados de Brasil también se sumó a los cuestionamientos y subrayó que, según la propia jurisprudencia del Supremo, los allanamientos deben guiarse por la «cautela» y dentro de los límites marcados por la investigación en curso, preservando «el secreto de la fuente».
Respuesta del Colegio de Abogados
Luís Pablo reafirmó en un comunicado su compromiso con el ejercicio responsable de la actividad periodística, con la investigación de hechos de interés público y con los principios constitucionales que garantizan la libertad de prensa.
Por su parte, el juez Dino alegó en una nota que el vehículo estaba siendo vigilado de forma ilegal y que se publicaron hasta el número de la matrícula y las identidades de sus agentes de seguridad, motivos por los cuales se registró la residencia del periodista.