Comunicaciones internas entre agentes de San Cristóbal fueron reveladas en un programa radial, generando inquietud por el manejo de fondos resguardados en un local. El comunicador Ramón Tolentino presentó en su espacio grabaciones donde se escuchan voces atribuidas a un capitán, un mayor y un coronel conversando sobre procedimientos económicos posteriores a un hecho reportado por residentes al sistema 9-1-1.
Según la narración expuesta, tres personas habrían ingresado a un almacén ubicado en Madre Vieja Sur y retirado un millón doscientos mil pesos, cantidad que luego quedó bajo custodia de los primeros agentes en llegar, identificados como reclutas.
De acuerdo con lo divulgado, esos jóvenes entregaron el dinero a sus superiores, pero posteriormente solo se habrían reportado veintiocho mil pesos como evidencia formal, lo que originó cuestionamientos sobre la gestión operativa.
El análisis jurídico surgió durante el programa, cuando se debatió si un agente que administra fondos retenidos pierde responsabilidad legal por el manejo de esos recursos. Un abogado explicó que alterar la cadena de custodia constituye una infracción adicional y que tanto el civil detenido como el uniformado señalado enfrentarían procesos independientes conforme a la ley.
En los audios difundidos también se mencionan gestiones internas relacionadas con montos que presuntamente no habían sido contabilizados y esfuerzos por regularizar cifras pendientes. En uno de los fragmentos se hace referencia a que “el oficial superior” habría reunido quinientos mil pesos, mientras otras gestiones buscaban completar el monto restante, generando interrogantes sobre la estructura de mando.
El caso tomó mayor relevancia cuando se confirmó la detención de un ex empleado del negocio afectado y de un acompañante que, según se informó, permanecía en un vehículo sin ingresar al establecimiento. El primero recibió prisión preventiva y el segundo presentación periódica, medidas que abrieron debates sobre la cooperación en la investigación y el alcance procesal de cada participación.
Asimismo, se mencionaron versiones internas sobre una supuesta solicitud de siete mil pesos, afirmación que fue descartada por quienes indicaron que esa cifra no correspondía a ningún tipo de reparto.
El programa también abordó comentarios sobre una “situación” económica atribuida a un superior, expresión que, según el análisis expuesto, no justifica apropiarse de bienes asegurados durante un procedimiento oficial. En otro segmento, un abogado defensor señaló que su representado habría sido presionado para firmar un acta de registro que, según esa versión, no reflejaba con exactitud lo incautado.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades han dispuesto traslados de algunos mandos y mantienen bajo evaluación los audios como parte de las pesquisas en curso.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**