“España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”. Otra frase lapidaria de Donald Trump contra España, o más bien contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de su decisión de no dejar a Estados Unidos usar las bases militares de Rota y Morón en sus operaciones contra Irán. “Todos los negocios que tenemos con España, tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España“, apuntó este miércoles el presidente estadounidense desde el Despacho Oval en un nuevo episodio de roces -o choques- entre Washington y Madrid. No es la primera vez… y quizá no sea la última.
En su breve mención fue muy duro Trump con los movimientos de Sánchez. “No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%”, recordó, en referencia al aumento del gasto en defensa, y lo hizo delante del canciller alemán, Friedrich Merz, que en cierto modo siguió esa misma línea. “España es el único que no está dispuesto a aceptarlo y estamos tratando de convencerles de que esto es parte de la seguridad común y que hay que cumplir con los números”, dijo.
El Gobierno no tardó en responder al órdago de la Casa Blanca. “España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”, expuso Moncloa. “También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa. Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”, recordó.
Al mismo tiempo, el Gobierno apuntó que tiene soluciones en caso de que Trump decida la coerción comercial como salida a estos desencuentros. “Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, añadieron desde Moncloa, aunque terminaron tendiendo la mano para “trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”.
Encontró además Sánchez el respaldo de la Comisión Europea, que no tiene competencias en política exterior y de seguridad, pero sí el poder exclusivo sobre las cuestiones comerciales. “Defenderemos los intereses de la UE y estamos preparados para defender también los intereses de los Estados miembros“, sostuvo el portavoz comunitario Olof Gill, que además le recordó a la Administración Trump el cumplimiento del acuerdo comercial firmado entre el bloque comunitario y Washington el pasado mes de agosto.
“Van a pagar el doble”
La historia de desencuentros entre España y EEUU, o entre Trump y Sánchez, eso sí, es más larga. El primero desde la vuelta del magnate a la Casa Blanca vino el pasado mes de junio, en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se pactó una subida del gasto en defensa al 5% del PIB, algo de lo que España se desmarcó, para enfado de Trump. “Es terrible lo que han hecho, son el único país que no pagará al completo”, dijo entonces en rueda de prensa, y amenazó con medidas arancelarias. “Les haremos pagar más, pagarán el doble”, espetó. Su mensaje fue reafirmado entonces por el secretario de Estado, Marco Rubio. “Tienen un gobierno de centro-izquierda que básicamente quiere gastar muy poco o nada en el Ejército”, sostuvo sobre España.
“Estaba pensando en imponerles un castigo comercial”
El siguiente episodio se dio meses después, en octubre del año pasado, durante un encuentro de Trump en la Casa Blanca con Javier Milei y de nuevo a cuenta del gasto militar. “Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso”, repitió el presidente estadounidense, que de nuevo tiró de números. “Es el único país que no ha alcanzado el 5%, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra”.
Ese mismo mes la cosa pareció calmarse en Egipto, durante la firma del acuerdo de paz para Gaza, donde Trump y Sánchez se saludaron sonrientes, pero con un apretón de manos bastante tenso. “¿Estáis trabajando ya en el tema del PIB?”, le preguntó el líder estadounidense al presidente del Gobierno, entre cierta sorna. Ahí Trump acabó maquillando su mensaje y dijo que España estaba haciendo “un buen trabajo”.
El 2026 no ha arrancado mejor, porque al aviso de Trump se ha sumado algún mensaje de su Gobierno sobre el hecho de que España, dicen, quiera ir “por libre” en la inversión militar. La escalada se ha mantenido este miércoles con el último renglón de una historia que ya es de desencuentros. Al Ejecutivo de Sánchez y al de Donald Trump les separa, más que nunca, un océano.
Otro órdago arancelario
Y ahora la pregunta vuelve a ser la misma: ¿puede la Administración Trump imponer tasas particulares a países o productos concretos de la UE? Sí, puede hacerlo… pero con muchos matices. De hecho, la clave no está ahí, sino en la circunstancia de que si lo hace la respuesta europea sería en bloque. En este sentido la Unión Europea actúa como un actor único. Es decir, Trump impone aranceles por ejemplo a España, pero entonces se encontrará con una reacción conjunta: sería luchar contra 27 Estados por ‘castigar’ a uno (o a varios, como amenazó con hacer en medio de las tensiones por Groenlandia).
Por tanto, sería más realista pensar que Trump pudiera ‘tarifar’ a sectores clave de las economías como pueden ser el vino o el aceite en el caso de España, pero la disparidad característica de cada país vuelve esta opción mucho más complicada en términos de guerra comercial. Con todo, la UE dispone además del llamado “mecanismo anticoerción”: se trata del reglamento relativo a la protección de la Unión y de sus Estados miembros frente a la coerción económica (o el instrumento contra la coerción), que entró en vigor el 27 de diciembre de 2023, establece un marco para la actuación de la UE en los casos de coerción económica dirigida contra la Unión Europea o un Estado miembro.