En Estados Unidos está creciendo la irritación con España por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negar el uso de las bases para la logística de la campaña contra Irán. El detonante inmediato es que Sánchez ha negado permiso para que Estados … Unidos utilice las bases de Rota y Morón, de uso conjunto, en apoyo de los ataques, alegando que cualquier operación debe ajustarse al marco del acuerdo bilateral y a la Carta de la ONU.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo que España quiere «democracia, libertad y derechos fundamentales» para el pueblo iraní, pero que «en ningún caso» permitirá que sus bases se utilicen para acciones que no estén amparadas por el acuerdo con Estados Unidos y por la Carta de Naciones Unidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que ni Rota ni Morón han sido usadas en la operación y que, según la interpretación española del acuerdo, las operaciones deben cumplir el marco legal internacional y contar con respaldo internacional.
El senador Lindsey Graham, aliado de Trump, ha elevado el choque a la categoría de examen moral. Dice que el actual Gobierno español se está convirtiendo en «el patrón oro» de un liderazgo europeo «patéticamente débil», «reacio a condenar al régimen terrorista iraní» y con «nada más que críticas hacia Estados Unidos». Añade que «en momentos como estos se conoce la verdadera naturaleza de los aliados» y remata con la frase que más ha circulado en Washington, «espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma».
Graham también subraya que España expresa indignación por la invasión rusa de Ucrania, pero sostiene que, ante el «sufrido pueblo iraní», el Gobierno español parece «en el mejor de los casos, indiferente». Con ese marco, encuadra el conflicto en términos de cambio de régimen y de lealtad estratégica, como si la postura de Madrid definiera su condición de aliado. En su mensaje, además, recuerda su paso por bases estadounidenses en España en los años ochenta, cuando servía en la Fuerza Aérea y ejercía funciones legales en Europa durante la Guerra Fría. Dice sentir «gran admiración» por el pueblo español y que España ha sido «un gran aliado» en el pasado. Acto seguido, acusa al Ejecutivo actual de haber «perdido su rumbo moral».
Este diario pidió una confirmación al Pentágono sobre los movimientos observados y la reubicación de medios. De momento, no hay respuesta detallada y el Departamento de Defensa se limita a hablar de ajustes operativos de apoyo logístico. En una comparecencia previa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya había fijado un marco político para el debate con los aliados.
«A diferencia de tantos de nuestros aliados tradicionales que se llevan las manos a la cabeza y se escandalizan ante el uso de la fuerza», dijo, antes de añadir que «Estados Unidos, independientemente de lo que digan las llamadas instituciones internacionales, está desatando la campaña aérea más letal y precisa de la historia». En el mismo tono, evitó comprometer límites claros al alcance de la operación y rechazó fijar calendarios cerrados.
Sánchez y sus ministros han intentado separar dos planos. Dicen desear «democracia, libertad y derechos fundamentales» para los iraníes, pero rechazan que territorio español se use para una intervención que consideran unilateral y fuera del derecho internacional. Esa posición evita quedar asociada a la campaña militar y reduce el coste político interno del Gobierno en plena escalada, en un país donde el uso de bases por fuerzas extranjeras ha sido históricamente un asunto sensible y donde el debate sobre la legalidad de una operación exterior puede convertirse en un foco político inmediato.
Conflicto latente entre EE.UU. y España
En Washington, la negativa cae en el peor momento porque la operación exige un pulso logístico constante. Rota y Morón son nodos críticos para repostaje, tránsito y despliegue de cisternas y transporte estratégico, además de servir como puntos de apoyo para rotación de aeronaves y personal, mantenimiento y coordinación de tránsitos. Si el Gobierno español restringe explícitamente el uso para determinadas misiones o exige autorizaciones caso por caso fuera del «ámbito» del acuerdo, la consecuencia práctica es que parte del apoyo se vuelve inviable desde España y obliga a reubicar medios a otros puntos de Europa y del Mediterráneo, donde el margen político sea mayor o donde la autorización esté garantizada sin debate público.
Ahí encaja el movimiento observado en las últimas horas. Se han registrado salidas desde Rota y Morón de aviones estadounidenses, incluidos cisternas que ya se usaron en el ataque de junio y otros KC 135 reposicionados hacia Reino Unido, Alemania y Francia, con salidas también hacia Ramstein, un centro natural para operaciones de la OTAN y del mando estadounidense en Europa. Mapas elaborados con datos de seguimiento de vuelos reflejaron múltiples salidas desde ambas bases tras el inicio de los ataques, y parte de esos aparatos acabaron en Ramstein. El Pentágono, de momento, lo describe como un reposicionamiento operativo de apoyo logístico, sin entrar en las razones políticas, y responsables de Defensa han evitado explicar públicamente por qué se han producido esas salidas y si están directamente vinculadas a restricciones españolas.
El fundamento jurídico es el corazón del choque. España y Estados Unidos se rigen por el Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado en Madrid el 1 de diciembre de 1988 y en vigor desde 1989, que ha sido modificado por protocolos posteriores, entre ellos los de 2002, 2012 y 2015. El texto regula la presencia y actividades de las Fuerzas de Estados Unidos en España, el uso de instalaciones acordadas, el estatuto del personal, y los mecanismos de coordinación bilateral, incluido un Comité Permanente para supervisar su aplicación y canalizar consultas.
El Convenio vincula el uso de las bases a los fines previstos en el marco bilateral y contempla que, cuando el empleo vaya más allá de ese marco, se requiera autorización previa del Gobierno español. En situaciones de crisis, establece que el «momento y modo» de utilización de las instalaciones debe fijarse mediante consultas urgentes y por mutuo acuerdo. Ese marco se aplica a usos concretos, lo que permite autorizar o denegar apoyos específicos vinculados a una operación determinada, como determinados repostajes, tránsitos o salidas, sin que ello implique denunciar el Convenio ni cerrar las instalaciones para otros usos acordados dentro del marco general.
El trasfondo no es solo Irán. España y Trump ya venían enfrentados por el debate del gasto militar en la OTAN, con Washington presionando por un salto al 5% del PIB y Sánchez resistiéndose. En ese clima, la negativa sobre Rota y Morón se lee en la capital estadounidense como otro episodio de un aliado que se beneficia del paraguas de seguridad, pero pone límites cuando hay costes políticos. En Madrid, en cambio, se presenta como defensa de soberanía jurídica y como prevención ante una escalada que puede extenderse por la región y golpear intereses europeos, además de una forma de evitar que España aparezca como plataforma de una intervención cuya legalidad discute públicamente el propio Gobierno.