El Departamento de Justicia anunció una nueva ofensiva legal contra cinco estados por no entregar sus listas completas de registro de votantes, elevando a 29 el total de entidades demandadas, además del Distrito de Columbia, en medio de una creciente disputa sobre el control de los procesos electorales.
Las demandas federales fueron presentadas contra Utah, Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental y Nueva Jersey, acusados de no cumplir con solicitudes formales para entregar padrones sin censura.
La fiscal general, Pamela Bondi, justificó la medida bajo el argumento de la “integridad electoral”, una bandera que ha sido el eje central del discurso de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. “Este Departamento de Justicia está cumpliendo con su deber de garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones en todo el país”, afirmó Bondi, subrayando que un padrón “bien mantenido” es fundamental para la democracia.
La administración Trump se apoya en la Ley de Derechos Civiles de 1960 para exigir estos registros, alegando que el Fiscal General tiene facultades únicas para inspeccionar y analizar las listas de registro.
Choque entre estados y gobierno federal
La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, advirtió que el gobierno no se detendrá ante la negativa de los estados. “Muchos funcionarios optan por enfrentarnos en los tribunales en lugar de demostrar su labor”, dijo Dhillon. “No nos disuadirán de cumplir con nuestras obligaciones legales”.
Sin embargo, varios funcionarios estatales —incluidos algunos republicanos— rechazaron las demandas y defendieron la confidencialidad de los datos personales de los votantes, como números de licencia de conducir o los últimos dígitos del Seguro Social.
En Kentucky, el secretario de Estado afirmó que la ley estatal protege la información privada y advirtió que no entregará datos sensibles sin una orden judicial. En Utah, autoridades electorales señalaron que cumplirán con la Constitución y protegerán los derechos de los votantes. En Virginia Occidental, un portavoz aseguró que el gobierno federal no obtendrá información personal mientras no exista un mandato claro de los tribunales.
La ofensiva legal también alcanza a estados gobernados por republicanos que respaldaron al presidente Donald Trump en 2020 y 2024, lo que evidencia que la disputa trasciende líneas partidistas.
Acusaciones de “nacionalizar” las elecciones
La administración Trump ha defendido estas acciones como parte de un esfuerzo para reforzar la integridad electoral antes de las elecciones de mitad de período. El presidente ha insistido en que el fraude electoral es un problema persistente y ha impulsado iniciativas legislativas como la Ley SAVE America, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse.
No obstante, jueces federales ya han desestimado demandas similares en estados como California, Michigan y Oregón, en fallos que cuestionaron la base legal de los reclamos federales.
Expertos electorales y organizaciones civiles advierten que el intento de centralizar el acceso a los padrones podría vulnerar la autonomía estatal, ya que la Constitución delega en los estados la administración de las elecciones.
Hasta ahora, cerca de una docena de estados gobernados por republicanos han entregado información solicitada. Otros, tanto demócratas como republicanos, han optado por resistir en tribunales.
El Departamento de Justicia, por su parte, insiste en que continuará ejerciendo su función de supervisión “con diligencia y neutralidad”, mientras crece la tensión política y legal en torno al control de los datos electorales en todo el país.
Sigue leyendo: