James David Vance, vicepresidente de la nación, dio a conocer la suspensión de $259.5 millones de dólares en fondos de Medicaid a Minnesota ante las denuncias de un presunto fraude relacionado sobre cómo se está gastando ese dinero, lo cual se segura ya no sucederá más.
“Hemos decidido detener temporalmente ciertas cantidades de fondos de Medicaid que van al estado de Minnesota para garantizar que el estado de Minnesota tome en serio su obligación de ser buenos administradores del dinero de los impuestos del pueblo estadounidense”, expresó Vance durante una conferencia de prensa donde estuvo acompañó de Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
De esta manera, mientras la administración federal desarrolla una investigación, todo ese dinero correspondiente a fondos de Medicaid para Minnesota no será reembolsado.
Trascendió que 14 programas, incluyendo atención para el autismo y transporte no médico, figuran entre los programas con alto riesgo de fraude.
Al respecto, Vance responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por no supervisar adecuadamente el programa de red de seguridad.
“Estamos deteniendo los pagos federales que irán al gobierno estatal hasta que el gobierno estatal tome en serio sus obligaciones de detener el fraude que se está perpetrando contra el contribuyente estadounidense”, subrayó.
La posición asumida desde Washington también congela a nivel nacional la posibilidad de que nuevas empresas soliciten pagos de Medicare para adquirir equipos médicos duraderos, como bastones y andadores.
A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata Tim Walz mencionó que la medida “no tiene nada que ver con el fraude”.
“Esta es una campaña de represalia. Trump está utilizando a todo el gobierno federal como arma para castigar a estados demócratas como Minnesota. Estos recortes serán devastadores para los veteranos, las familias con niños pequeños, las personas con discapacidades y los trabajadores de todo nuestro estado”, escribió.
Cabe señalar que, al mandatario estatal se le fijó un plazo de 60 días para para responder sobre cómo verificará que los proveedores de servicios realmente estén atendiendo a las personas beneficiadas por los programas, pues dependiendo de ello se le podrían o no restablecer los fondos suspendidos a Minnesota.
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