El cierre temporal del centro de salud donde laboraba el ginecólogo recientemente denunciado por varias mujeres por presuntas agresiones sexuales ha vuelto a colocar sobre la mesa un tema que el país prefiere evitar: la seguridad de los pacientes dentro del sistema sanitario.
Según las denuncias públicas, no se trata de un señalamiento aislado. Distintas pacientes han relatado situaciones similares ocurridas durante consultas ginecológicas. El médico niega los hechos y afirma que algunas querellas fueron retiradas. La justicia tendrá que determinar la verdad. Pero mientras ese proceso ocurre, la sociedad enfrenta una pregunta que no depende de un tribunal: ¿qué debió hacer el sistema de salud cuando surgieron las primeras acusaciones?
El cierre del centro es una medida preventiva lógica en medio de la investigación. Sin embargo, también evidencia que la respuesta llegó después de que el problema se hiciera visible públicamente. En salud pública, actuar tarde casi siempre significa actuar mal, aunque la intención sea correcta.
La relación médico-paciente está basada en una confianza extraordinaria. En especial en la atención ginecológica, donde la paciente se encuentra en una condición de vulnerabilidad física y emocional. A diferencia de otros delitos, en este contexto no siempre existe violencia física ni resistencia evidente. Muchas veces la persona atendida no sabe distinguir si un procedimiento es necesario, normal o improcedente. Confía porque el profesional posee la autoridad técnica.
Ahí radica el punto más delicado del caso: la información. Numerosas mujeres desconocen que tienen derecho a que cada procedimiento les sea explicado previamente, a solicitar la presencia de una enfermera o acompañante, e incluso a detener un examen si se sienten incómodas. Cuando ese conocimiento falta, la confianza puede convertirse en indefensión.
El elemento social agrava aún más la situación. Pacientes de escasos recursos, y en particular migrantes o indocumentadas, enfrentan mayores obstáculos para denunciar. El temor a perder la atención médica, a represalias o a consecuencias legales puede silenciar situaciones que, de otro modo, saldrían a la luz con mayor rapidez. La denuncia, en esos casos, requiere más valentía que la que normalmente exige la justicia.
Por eso el debate no debe centrarse únicamente en la culpabilidad o inocencia del profesional señalado. Ese será el trabajo de los tribunales. El debate verdadero es institucional: si existían denuncias previas, ¿por qué no se activaron protocolos preventivos antes de que la presión pública obligara a intervenir?
Cerrar el establecimiento reduce el riesgo inmediato, pero no corrige la falla estructural. Un sistema sanitario seguro no depende de la viralización de un caso, sino de mecanismos internos capaces de detectar alertas tempranas y proteger pacientes sin necesidad de escándalos.
Cuando una mujer teme asistir a una consulta ginecológica por miedo a lo que pueda ocurrir dentro del consultorio, el daño trasciende a las personas involucradas. Se posponen chequeos, se retrasan diagnósticos y la salud pública se deteriora silenciosamente.
El país necesita una certeza básica: que al entrar a una consulta médica se entra a un espacio de cuidado, no de duda.
La justicia establecerá responsabilidades individuales. Pero la seguridad de los pacientes es, desde ahora, una responsabilidad colectiva.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**