Cuando amaneció este jueves en Argentina todas las miradas estaban puestas en las puertas de los comercios, en la cantidad de autobuses que pasaban por las calles y en si los bancos abrirían o no. El sindicato mayoritario del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), había convocado una huelga general de 24 horas para protestar contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno argentino. Este paro nacional, el cuarto al Ejecutivo de Javier Milei en poco más de dos años de mandato, pretendía parar el país. Y aunque la actividad en las calles no fue la usual, lo cierto es que ni tuvo el respaldo que se esperaba ni consiguió presionar lo suficiente como para que la reforma no fuera ratificada en el Congreso. Algo que ya entrada la madrugada se produjo pese a la fuerte discusión en el hemiciclo y la modificación de uno de sus puntos, que obligará a la norma a volver al Senado; algo que el oficialismo ve ya como un mero trámite.
En la mayor parte de Argentina los comercios y las empresas abrieron con normalidad y fue sobre todo en el sector del transporte y de la aviación donde más se hizo notar la huelga, ya que el metro no funcionó en todo el día, buena parte de los autobuses no hicieron su ruta y más de 30.000 pasajeros se vieron afectados por la cancelación de cientos de vuelos. Pese a ello, uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, aseguró que se logró un importante nivel de adhesión a la huelga con “más del 90% de la actividad detenida”, y el sindicato principal de trabajadores públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó a media tarde que el 98% de sus afiliados había seguido la huelga.
Este éxito que defienden desde CGT no se trasladó a la calle. Las movilizaciones y cortes de carreteras que se produjeron en diferentes puntos del país no tuvieron la masividad de otras producidas en anteriores meses y, de hecho, no fue respaldada por la propia CGT, que el día anterior había confirmado que no se manifestaría. Aún así, miles de ciudadanos ocuparon durante horas la plaza del Congreso de la Nación, en el centro de Buenos Aires. La mayor afluencia se produjo al mediodía, cuando algunos gremios sindicales y de partidos peronistas y de izquierda acudieron a la marcha. A diferencia de lo ocurrido en otras movilizaciones, rápidamente la plaza fue vaciándose hasta quedar un grupo reducido que tuvo enfrentamientos con la policía. Aunque sin llegar al nivel de violencia visto la semana pasada, cuando el lanzamiento de cócteles molotov y la respuesta de la policía produjeron decenas de detenidos y heridos.
Para Santiago, de 54 años, ha sido una sorpresa haber llegado a la plaza y “ver que está vacía”. “Se fueron grupos de izquierda importantes, incluido Patria Grande. Esto tendría que estar repleto de nuestros representantes y de las agrupaciones políticas, pero estamos básicamente los autoconvocados. Hay una escisión total con los que nos representan. Es vergonzoso que no haya un millón de personas aquí, y tiene también que ver con un discurso impuesto en el que la gente justifica y avala que se quite derechos a los trabajadores y que empresarios y patronales nos pasen por encima”, asegura.
Sobre la falta de apoyo del propio sindicato convocante en la marcha, Fernando Pérez, secretario general de una de las secciones de ATE —uno de los sectores gremiales que sí acudieron a la marcha— acusa a otros sindicatos de “haber priorizado sus negocios con las obras sociales o con la cuota solidaria, pero traicionando directamente a sus representados”. Pérez se refiere a uno de los puntos que estaban en discusión en la reforma laboral y que finalmente el Gobierno retiró de la reforma en un claro guiño a los sindicatos. Aunque en los primeros borradores se abogaba por eliminar la ‘cuota sindical solidaria’ —que en Argentina es obligatoria y sale del sueldo de los trabajadores aunque no estén afiliados—, a última hora se cayó del texto y se matizó, por lo que en vez de prohibirlas, se dispuso un tope. Además, también se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales de un 6% a un 5%.
“Las obras sociales son un gran negocio para nuestros colegas de las centrales obreras de algunos gremios, que priorizan eso antes que la representación gremial”, afirma Pérez, que dice no tener ningún problema en denunciarlo porque su sindicato es el mayor sin obra social. Con todo, este trabajador público reconoce que “hay que seguir luchando con unidad en la calle” y que “el plan es continuar hasta que cambie el Gobierno”.
Una reforma que ha enfrentado muchas críticas
El Gobierno de Milei quería que la reforma laboral, su proyecto estrella, fuera aprobada definitivamente este jueves en el Congreso, pero la polémica desatada por un artículo que proponía recortar entre un 25% y 50% las licencias médicas del trabajador en caso de enfermedad han retrasado los plazos que se había puesto. Este apartado fue añadido en el último momento durante la presentación en el Senado, según afirman muchos legisladores aliados que apoyaron la media sanción la semana pasada. Fue al día siguiente, en el momento en el que los medios se hicieron eco del punto, cuando se pidió al Gobierno hacer una modificación y no incluirlo en el texto definitivo. Este miércoles el Gabinete de Milei anunció que daba marcha atrás y lo retiraba, lo que obliga al proyecto a regresar al Senado la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado definitivamente.
Este punto, reprobado incluso por partidarios del Gobierno, se suma a las críticas hechas por la oposición peronista y la izquierda a muchos otros artículos de la norma . El Ejecutivo argentino defiende que la reforma va a “modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y promover empleo”, pero sus críticos aseguran que las medidas están enfocadas en abaratar despidos, dar facilidades a empresarios y quitar derechos ya adquiridos por el trabajador.
Así lo cree Ana, integrante del organismo de derechos humanos Servicio Paz y Justicia, que ha acudido este jueves a la manifestación en contra de la reforma por considerar que es “un retroceso en los derechos que costaron tanto conseguir”. “Fueron muchos años de lucha, muchos años de pensar cómo los trabajadores pueden estar mejor. Y la mayoría de los puntos que propone esta reforma benefician solo a grandes empresarios, ni siquiera a las pequeñas y medianas empresas”, explica. En el mismo sentido se expresa Diana, una joven de 35 años que pide “no enterrar los derechos logrados por muchas personas hace décadas para dar dignidad al trabajador”. “El deber ético de una persona comprometida con la sociedad es salir a la calle a poner el cuerpo para parar esta reforma”, manifiesta.
Lo cierto es que el respaldo tanto del Senado como del Congreso ha sido claro. El próximo paso será la próxima semana, cuando se apruebe el punto modificado este jueves en la Cámara de Diputados. Con todo, su puesta en marcha puede no ser tan inmediata. Asociaciones, sindicatos y abogados laboralistas alertan de la posible inconstitucionalidad de algunos artículos. La oposición y los sindicatos ya han anunciado que llevarán a la Justicia la reforma.