Los adules marroquíes, notarios tradicionales especializados en actas de matrimonios musulmanes y otros documentos familiares, han iniciado este miércoles una huelga general de dos días que paraliza completamente la firma de contratos nupciales en todo el país. Esto obliga a casi 800 parejas a posponer su boda en vísperas del inicio de Ramadán en el país, previsto para este jueves.
La protesta, convocada por la Instancia Nacional marroquí de los Adules (INA), responde a su rechazo y “profunda indignación” por un nuevo estatuto profesional que, según denuncian, se aprobó por el Parlamento sin atender sus observaciones ni enmiendas. Said Sarruj, miembro de la Ejecutiva de INA, ha acusado al Gobierno de usar su mayoría en la Cámara de Diputados para forzar la tramitación, ignorando así las enmiendas de los organismos representativos de los adules y del resto de los grupos políticos.
El líder asociativo ha calificado el texto como “una ley de liquidación de la profesión notarial tradicional y de eliminación de sus derechos adquiridos”, con un “exceso de control” que atenta contra la simbología y confianza en la institución. Los adules son figuras religiosas y jurídicas especializadas en documentos familiares como actas de matrimonio, divorcios y herencias, que operan de forma exclusiva ante los Tribunales de Familia en todas las ciudades y poblaciones de Marruecos.
Cada oficina debe contar con al menos dos adules que firman conjuntamente los documentos con un lenguaje de corte religioso y retórico tradicional, diferente al estilo técnico de los notarios modernos, quienes no pueden redactar contratos matrimoniales en una sociedad donde no existe el matrimonio civil. Se estima que en Marruecos hay alrededor de 4.176 adules distribuidos en 2.088 oficinas, que cada año formalizan más de 250.000 matrimonios (casi 400 diarios), lo que convierte su huelga en una parálisis de las bodas durante estos dos días.
Entre las principales quejas de los adules, según Sarruj, figura la reforma de las reglas de acceso a la profesión al imponer más titulados universitarios, el rechazo a depender de jueces para validar sus documentos y a las inspecciones “excesivas” que frenan su trabajo, entre otros. “No queremos prisas en aprobar la ley, sino un texto justo que respete la Constitución, evite favoritismos y cumpla los pactos previos con el Gobierno”, ha resumido Sarruj.
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, cuyo departamento preparó la ley, confirmó en un debate ante la Comisión de Justicia del Parlamento que esta nueva legislación se enmarca en una reforma más amplia de las profesiones jurídicas, con el objetivo de fortalecerlas. En respuesta a la polémica que acompañó su discusión, afirmó que el Gobierno “no trabaja bajo presión”.
Los adules tienen sus raíces en la época medieval islámica, cuando actuaban como testigos religiosos oficiales y escribanos encargados de dar fe pública a contratos bajo la ‘sharía’ (ley islámica), incluidos los matrimonios, y su rol histórico es garantizar la autenticidad cultural y religiosa de estos actos. Surgidos en el Magreb durante los siglos almohade y mariní (XII-XVI), su función se consolidó como auxiliares de los cadíes (jueces islámicos), especializándose en actas familiares, siempre con un lenguaje árabe clásico impregnado de fórmulas coránicas.
En Marruecos, esta profesión se reguló por primera vez durante el protectorado francés en 1912, y se modernizó en 1982 con un estatuto propio bajo la tutela de los Tribunales de Primera Instancia, hasta que en 2004 pasó a depender exclusivamente de los Tribunales de Familia recién creados.