NUEVA YORK – El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirmó a El Diario que la transición de Puerto Rico al programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) fue excluida de la más reciente versión de la Ley Agrícola (Farm Bill) ante el Congreso.
Una asistente del comité, que encabeza el republicano de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson, indicó a este rotativo que por “limitaciones presupuestarias” no se le dio paso a la integración de la isla al programa federal en el proyecto de ley para reautorizar el paquete ómnibus.
“Debido a limitaciones presupuestarias, no fue posible extender el SNAP a Puerto Rico en la Ley Agrícola, Alimentaria y de Seguridad Nacional de 2026, junto con varias otras prioridades del presidente Thompson. La gobernadora Jenniffer González-Colón ha sido una firme defensora de Puerto Rico, y el presidente espera seguir trabajando con ella”, anticipó la fuente en declaraciones escritas a este medio.
Se espera que el Comité de Agricultura de la Cámara Baja vote sobre el proyecto de ley el próximo 23 de febrero.
La decisión de Thompson, quien visitó la isla para conocer el funcionamiento del PAN (Programa de Asistencia Nutricional), subvención en bloque que aplica desde los 80, se basó en un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que apunta a que la transición implicaría un costo inicial de $1,000 millones para un periodo de 10 años, más, aproximadamente, $900 millones adicionales posteriormente.
Gabriella Boffelli, la directora ejecutiva de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), dijo a este periódico que el hecho de que no se incluya una provisión para transicionar del PAN al SNAP en la isla en el borrador no significa que el tema esté completamente descartado.
“Aunque en esta ocasión, el borrador no contiene esta disposición, en nuestras conversaciones con el Comité hay un apoyo a que dicha transición se logre. La falta de inclusión en este vehículo legislativo responde exclusivamente al incremento en gastos bajo el Título 4 del proyecto de ley, el cual debe mantenerse neutral”, expuso Boffeli en declaraciones escritas.
La directora de PRFAA argumentó que la decisión de los republicanos en el comité no es una contra Puerto Rico.
“Que quede claro, esto no es un asunto en contra de Puerto Rico. Alrededor de 20 provisiones sobre temas de impacto a programas de nutrición a nivel nacional quedaron fuera de esta sección legislativa. A medida que esta discusión continúa, y que sabemos hay apoyo bipartita para esta transición, exhortamos a las partes a sentarse a la mesa a lograr un acuerdo sobre los mecanismos presupuestarios utilizados para financiar una transición que le cumpla a nuestra gente”, afirmó la representante del gobierno de Puerto Rico en la capital federal.
Según la portavoz de la Administración González, la propuesta de ley incluye lenguaje para proteger cultivos agrícolas en la isla como el café, guineo, plátano, cacao, y mangó. “Las medidas buscan aumentar las oportunidades de estudio e investigación para combatir las plagas y enfermedades en estos y otros cultivos tropicales”, resaltó.
Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, responsabilizó a los republicanos por el estancamiento en la discusión sobre la inclusión de Puerto Rico al SNAP.
En declaraciones a medios en la isla consideró, sin embargo, que la medida no está permanentemente derrotada.
“Eso no quiere decir que esa medida esté permanentemente derrotada. Esto era anticipable porque los republicanos suelen oponerse a la expansión de programas de bienestar social. Si hubiera una medida bipartidista en un futuro, habría más probabilidades”, dijo a El Nuevo Días tras una conferencia de prensa.
“Si hubiera un Congreso demócrata en un futuro y todavía no se hubiera aprobado un ‘Farm Bill’ (Ley Agrícola), y los demócratas presentan un ‘Farm Bill’, aumentarían las probabilidades y, si se llega a considerar en el Senado y hay los votos demócratas para aprobarlo, también aumentarían las probabilidades. Hay varios escenarios”, añadió Hernández sobre la viabilidad de SNAP para Puerto Rico.
El Diario contactó el lunes al equipo de prensa del comisionado residente para indagar sobre su postura con relación con la decisión de los republicanos, pero aún no hemos recibido respuesta.
Con la transición se busca atender las disparidades en cuanto a la asistencia alimentaria en Puerto Rico.
Bajo el PAN o la asignación en bloque que aplica al archipiélago, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico reciben menos beneficios que los de los estados e incluso que los de las Islas Vírgenes y Guam.
En casos de emergencia o desastres como huracanes, a los que la isla se encuentra expuesta continuamente por su posición geográfica, las autoridades locales tienen que solicitar la intervención del Congreso para ampliar la ayuda.
Decenas de organizaciones con presencia en la isla y en la diáspora llevan insistiendo por años sobre la necesidad de avanzar con la transición como medio para atajar el grave problema de inseguridad alimentaria y pobreza en el territorio.
La más reciente legislación presentada por el comisionado es el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional en Puerto Rico). El H.R. 5168, introducido en septiembre pasado, dispone para una transición del PAN al SNAP en un periodo máximo de 15 años. La medida modificaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para incorporar Puerto Rico a SNAP.
En diciembre, Hispanic Federation junto con la oficina de PRFAA y la del comisionado residente lideraron una sesión informativa sobre el tema en la que participaron más de 50 empleados de distintas oficinas congresionales.
Adicional, una coalición de más de 110 organizaciones firmaron una carta en la que emplazaron a los legisladores federales a apoyar la transición. Algunos de los suscribientes representan a entidades en Nueva York, Illinois, Florida, California, Connecticut y Carolina del Norte.
En la misiva a los miembros del Congreso, los activistas basaron el llamado en argumentos sobre el efecto económico en cadena que tendría la transición a nivel local y federal.
“Puerto Rico importa, aproximadamente, el 85% de sus alimentos y productos de los EE.UU. continentales. Al adoptar el programa SNAP, se estima que los hogares puertorriqueños tendrían un mayor poder adquisitivo, lo que generaría una mayor demanda de productos como carne de cerdo, aves de corral, carne de res, soja, maíz para alimentación animal, productos lácteos (incluidos queso y leche), así como arroz, alimentos enlatados, cereales y productos procesados. Este cambio crearía mercados adicionales para los agricultores, procesadores de alimentos y fabricantes estadounidenses. Las estimaciones indican que cada dólar en beneficios de SNAP distribuido genera aproximadamente entre $1.50 y $1.80 dólares en actividad económica”, lee parte del documento con fecha del 9 de diciembre.
Un estudio de viabilidad realizado por el Departamento de Agricultura federal (USDA), cuya versión inicial fue divulgada en el 2022, establece que el cronograma de implementación en Puerto Rico estaría impulsado principalmente por la fase de planificación, “la cual se compone del desarrollo e implementación de los sistemas de datos de SNAP.”
De acuerdo con la información, el costo total estimado durante el periodo de implementación es de $341 a $426 millones de dólares.
El costo de administrar el programa SNAP en Puerto Rico se calculó en $249 millones a $414 millones de dólares anuales, y el costo de los beneficios es de $4,500 millones de dólares al año.
El análisis anticipó que la implementación plena de SNAP en Puerto Rico tomaría, aproximadamente, 10 años tras la autorización del Congreso.
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