Varios residentes de Coach Royal Mobile Home Park en Santa Ana denuncian supuestas amenazas, restricciones de vivienda y desalojos injustos que han dejado a muchos sin hogar y a otros viviendo con miedo a represalias.
Esta semana, ciertos miembros de la comunidad del complejo se preparan para pedirles nuevamente a los concejales ayuda por la situación que han vivido a lo largo de los años.
Residentes instaron al Ayuntamiento de Santa Ana, el pasado 3 de febrero, a abrir una investigación sobre las supuestas prácticas injustas de desalojo y la interferencia del propietario, Kingsley Management Group, quien reside fuera del estado, en la venta de viviendas del parque.
De acuerdo con residentes como Guadalupe Barragán, quien alzó la voz en la junta de los concejales, parte de las acusaciones incluye amenazas de llamar a inmigración por parte de los encargados en la oficina del local, invasión de la privacidad en sus hogares, no reparar o dar mantenimiento a cosas como tuberías defectuosas que han causado inundaciones en algunas viviendas, y el supuesto acoso diario que muchos dicen vivir.
“Nos sentimos muy mal. Nos toman fotos a diario cuando estamos en casa. En la noche han mandado a un hombre que también nos toma fotos a las 11 de la noche”, dijo Barragán mientras recorría el parque. “Hemos tenido varios problemas en este complejo de casas móviles: ha sido una serie de atropellos, crímenes y muertes por estrés. Necesitamos ayuda. Necesitamos que todos los gobiernos que representan a esta ciudad nos ayuden”.
De acuerdo con más de 10 residentes con quienes La Opinión habló, los problemas empezaron hace 5 años, durante la pandemia, cuando comenzaron a notar el desalojo de varios miembros de la comunidad. Y el año pasado empezaron las supuestas amenazas de hablarle a La Migra y los constantes cambios en las normas obligatorias.
La propiedad tiene más de 200 casas, donde más del 90% de la población es latina y muchos inquilinos tienen dos o más trabajos para solventar sus gastos.
Muchos de los residentes son parejas jóvenes, familias y personas de la tercera edad, quienes han vivido en el lugar por más de 30 años.
Al entrar al complejo, se pueden observar varias casas con carteles de venta, casas vacías con papeles de desalojo o casas que están siendo reparadas para luego ponerlas en venta. Una de esas casas está ubicada enfrente de la vivienda de Barragán. Para ella, es un recordatorio del miedo que tiene al ser la siguiente en ser desalojada.
“Hay un portal que usamos para pagar nuestra renta del espacio, y si estás tarde por un día, claro que nos imponen un cargo por cada día que estemos tarde, pero ahora resulta que si estás tarde te cierran el portal, dejándote sin poder pagar, con los impuestos subiendo hasta que llegas a un punto en donde no puedes pagar y te desalojan”, alegó Barragán.
Karla Alvarado, una de las muchas residentes desalojadas en los últimos tres años, dijo que considera su desalojo no solo injusto, sino también una represalia por haber criticado el manejo de la propiedad.
Cuando Alvarado visitó su casa el lunes, llevó consigo una carpeta llena de papeles legales y pruebas de lo que ella vivió y sigue viviendo. Alvarado dijo que cuando vivía allí, la acosaban constantemente con nuevas exigencias y normativas que apenas podían cumplir. Recuerda una ocasión en la que su casa se inundó debido a una tubería atascada que derramó agua sucia, llena de heces, por toda la vivienda. En las fotos que tomaron se nota cómo su tina se llenaba de agua sucia hasta derramarse sobre el suelo, que, según ella, sufrió daños importantes por el agua. Cuando ella se lo comentó a la oficina para que resolvieran el problema, dijo que no hicieron nada para solucionarlo.
“Le dijimos a la empresa que no podíamos vivir así y ellos respondieron con más represalias. Se jactan de ser una empresa rica, pero no utilizan nada de eso para solucionar los problemas de la propiedad. En cambio, siguen imponiendo normas que, a la larga, resultarán en el desalojo de más familias”, comentó ella.
De acuerdo con los residentes, las normas pueden referirse a cualquier cosa, como las vallas que algunas propiedades tienen desde hace años, un determinado objeto en el jardín, una mosquitera rota o, en el caso de una propietaria que prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias, normas que incluían retirar una planta de su patio trasero.
Temiendo las consecuencias de no cumplir con la orden de retirar la planta, decidió hacerlo ella misma, pero, al ser una persona mayor, el intento le provocó una lesión y se le quebró el brazo.
“Aun así siguen viniendo cada día a tomar fotos; queremos que nos dejen en paz; no tenemos problemas en seguir reglas, pero que sean reglas normales, no regulaciones que nos quiten nuestra privacidad; cada día nos agotan más”, dijo la señora, quien estaba intentando arreglar su jardín de enfrente. “¿Y cómo moverse si, al intentar vender la casa, nos van a poner peros?”.
Alvarado dijo que después de intentar demandarlos en 2023, la desalojaron de su casa. Describió cómo oficiales del Departamento del Sheriff vinieron a sacarlos de su hogar. Viendo cómo lo habían hecho antes con otros residentes, ella actuó rápidamente y puso una notificación de no consentimiento afuera de su casa, anotando que cumpliría con la orden de irse, pero que no le daba permiso a nadie para entrar a su casa, citando el código de procedimiento civil de California §1161.2, que elimina el derecho a ocupar el espacio, pero no transfiere la propiedad de la casa a la administración de la propiedad del parque.
“Me desalojaron con acusaciones falsas, diciendo que tenía infracciones pendientes con el estado de California, lo cual era mentira, y yo tenía todas las pruebas de que había cumplido puntualmente y que se me había exonerado de cualquier infracción”, dijo la mamá de cinco hijos.
La Opinión tuvo acceso a la carta de Alvarado enviada en noviembre de 2025 por la Agencia de Servicios al Consumidor y Vivienda del Estado de California, en la que fue absuelta de todas las infracciones que se le imputaban tras una inspección realizada por el departamento. Aun así, dice que no le han permitido vender su casa.
“Esto ha sido muy agotador emocionalmente; el estrés mental y físico que nos causaron, la depresión que tenemos y todo por intentar ayudar a mi comunidad y luchar por lo que es justo”, dijo Alvarado. “Llevo un mes luchando con ellos; tengo compradores que cumplen los requisitos y la oficina solo dice que no aprueba la venta. Siento que, si renuncio a mi derecho a hablar públicamente de esto, no voy a poder vender mi casa”.
La Opinión intentó ponerse en contacto con la administración de la propiedad por correo electrónico y en persona, pero en ambas ocasiones la oficina estaba cerrada y hasta el cierre de esta edición no ha recibido una respuesta. Sin embargo, en una carta enviada a los residentes este mes, la administración del local niega todas las acusaciones formuladas contra ella.
“Los residentes acusan a los administradores del parque, y en concreto a Olivia García, de amenazarles con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata de una afirmación y una acusación totalmente falsas”, dice la misiva. “Para que quede claro, los desalojos que se han producido se basaron en el incumplimiento de las normas y reglamentos del parque, en el incumplimiento de las notificaciones gubernamentales relativas al espacio o en el impago del alquiler”.
Los residentes afectados tiene previsto asistir esta semana a las reuniones del concejo en el ayuntamiento y, de nuevo, suplicarles que investiguen a la corporación.
“No se nos debe castigar por querer que se nos traten como seres humanos”, dijo Alvarado. “Ya no quiero vivir aquí. Solo quiero poder vender mi casa; me han dejado sin nada. Estoy en el suelo, sin aliento, intentando conseguir un hogar para mis hijos, que han perdido su casa y su estabilidad. Estamos sufriendo”.