Cada cierto tiempo la política dominicana recuerda que no solo importa lo que se dice, sino el momento en que se dice. El reciente pronunciamiento del expresidente Danilo Medina sobre el aumento del costo de la presa de Monte Grande colocó nuevamente la obra en el centro del debate nacional. El proyecto ha incrementado su precio, una situación inevitable para una infraestructura iniciada hace alrededor de 16 años, que ha atravesado crisis económicas, inflación global, pandemia y cambios tecnológicos. Ninguna obra de esa magnitud conserva el presupuesto original en ningún país del mundo.
Sin embargo, el verdadero impacto de su intervención no fue la cifra, sino el tema. Al volver Monte Grande a la conversación pública, quedó al descubierto algo más profundo: el problema de la presa no es cuánto costó, sino que todavía no cumple aquello para lo que fue concebida.
Monte Grande nunca fue solo un embalse. Era el proyecto destinado a cambiar la historia económica del Sur profundo. La promesa incluía riego agrícola masivo, generación hidroeléctrica, agua potable regional y reactivación productiva. Sin embargo, hoy existe la presa, pero no el sistema.
Eso es exactamente lo que han venido señalando desde hace meses comunitarios, agricultores, representantes sociales y hasta el obispo de la zona: sin las obras complementarias, la presa no transforma la vida de la gente. Un agricultor no siembra con inauguraciones; siembra con agua en su parcela, y esa agua depende de canales de riego que aún no están terminados.
Ahí está el corazón del problema. El país terminó la parte visible de la obra —el muro—, pero no la parte funcional —el desarrollo económico—. El resultado es una paradoja: la mayor inversión pública hecha en décadas en la región más pobre del país todavía no se traduce plenamente en prosperidad para quienes viven allí.
Por eso la discusión sobre el costo, aunque legítima, resulta secundaria. El verdadero debate es de planificación estatal. Durante años en República Dominicana se han inaugurado infraestructuras antes de completar sus sistemas operativos: carreteras sin accesos, hospitales sin equipos, plantas sin redes y ahora una presa sin el aparato hidráulico integral que la hace productiva.
El pronunciamiento político puso la lupa donde estaban las cifras, pero la realidad la devolvió hacia donde siempre debió estar: el cumplimiento.
Monte Grande no es una obra de un gobierno ni de un partido. Ha pasado por varias administraciones y eso, precisamente, la convierte en una responsabilidad de Estado. La población del Sur no está pidiendo explicaciones técnicas ni debates partidarios; está esperando que la promesa finalmente se materialice.
El problema nunca fue cuánto costó la presa; el problema es cuánto tiempo más puede esperar la gente para recibir lo que se le prometió.
Cuando los canales funcionen, el agua llegue a las fincas y la economía regional empiece a moverse, el país dejará de discutir el presupuesto. Porque las grandes obras públicas no se justifican por su precio, sino por su impacto.
Y Monte Grande todavía está a tiempo de ser recordada como el inicio del desarrollo del Sur o como otra oportunidad que el Estado dominicano dejó a medio camino.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**