Cada cierto tiempo, la República Dominicana vuelve a enfrentar la misma escena: la existencia de una red delictiva relevante sale a la luz y el país lo conoce primero a través de un expediente extranjero, un pedido de extradición o un informe divulgado fuera de sus fronteras. En otras ocasiones, la información inicial no proviene de los organismos de investigación, sino de reportajes periodísticos locales que luego obligan a actuar a las autoridades.
No se trata de un hecho aislado ni de un fenómeno propio de una gestión de gobierno específica. Ha ocurrido en distintos momentos, bajo administraciones diferentes y frente a delitos de naturaleza variada. Por eso, la preocupación no es política, sino institucional.
Ninguna nación está libre de la existencia de estructuras criminales. Lo preocupante es que la información determinante sobre su operación aparezca primero en investigaciones periodísticas o en instancias internacionales antes que en los canales formales del propio Estado.
La República Dominicana cuenta con organismos de inteligencia, investigación y persecución penal creados precisamente para prevenir, detectar y perseguir el delito. La sociedad confía en su labor y el Estado les asigna recursos y facultades. Sin embargo, cuando los casos más relevantes se conocen por terceros, surge inevitablemente una inquietud pública que merece ser atendida con seriedad.
No se trata de descalificar instituciones ni de alimentar sospechas generalizadas. Tampoco de desconocer los esfuerzos que sí se realizan. Se trata de algo más básico: la necesidad de claridad.
El país no puede acostumbrarse a enterarse de situaciones graves por filtraciones, investigaciones periodísticas o expedientes extranjeros. Esta dinámica erosiona la confianza pública, debilita la credibilidad institucional y proyecta una imagen internacional que no favorece a la nación.
Corresponde al Gobierno y a las autoridades competentes ofrecer explicaciones razonables. Si hubo investigaciones previas, deben comunicarse. Si existieron limitaciones, deben exponerse. Y si hubo fallas, deben identificarse y corregirse. La transparencia no debilita al Estado; lo fortalece.
Este no es un señalamiento contra una administración, sino una invitación a mejorar un funcionamiento que el país necesita fortalecer. La institucionalidad no se mide únicamente por la capacidad de reaccionar, sino también por la capacidad de anticiparse.
La República Dominicana ha demostrado muchas veces que, cuando decide actuar, puede hacerlo con rapidez y eficacia. Precisamente por ello, la sociedad espera saber por qué, en determinados casos, la información relevante aparece primero fuera de los canales oficiales.
Porque la seguridad nacional no consiste solo en perseguir delitos.
También implica la confianza ciudadana en que las instituciones conocen, vigilan y protegen lo que ocurre dentro de su propio territorio.
Y esa confianza, hoy, requiere respuestas.
REDACCIÓN FV MEDIOS