Calles desiertas, silenciosas. Restaurantes que cierran sus puertas temprano, cuando sus trabajadores se alejan rápidamente sin mirar atrás. Los camiones – eslabón indispensable de la cadena de suministros, ralean. La cadena se interrumpe. Dicen que los campesinos que cosechan el producto no han venido a trabajar. Que los conductores llaman enfermos.
Este no es un panorama tomado de la destrucción de Gaza, o bajo bombardeos rusos en Ucrania. Esta es una descripción del área de Los Ángeles, especialmente el Los Ángeles latino, en estos días.
Es el resultado lógico de meses de redadas migratorias, cuando agentes enmascarados, anónimos, con uniformes diferentes e irreconocibles, fuertemente armados, montados en camionetas o vans, se presentan en los barrios en una demostración de violencia e impunidad. Interrogan, detienen, según el color de la piel. Se llevan gente en sus vehículos quién sabe adónde, y todo sin identificación más que una escarapela que solamente dice: “Policía”.
Esto es lo que pasa en nuestros barrios.
En el Condado de Los Ángeles los latinos son casi cinco millones de residentes, el 48% del total. Y al menos 8.5 millones en los cinco condados del Sur de California.
El barrio angelino de El Sereno, de densa población latina, llamativo paisaje y fundado en 1769 como poblado independiente, fue el epicentro de una redada migratoria de ICE a comienzos de mes.
Uno de los blancos fue la modesta tienda de comestibles Green Grocer, que ocupa el medio de una cuadra sobre la avenida Huntington Dr.
Por ahí pasaron los agentes enmascarados. Quizás vean, al pasar, que esta tienda peculiar que enfrentó tantas dificultades por ser singular, sigue exhibiendo sus “frascos de mermeladas especiales, velas hechas a mano, tarjetas hechas a mano y refrescos que solo se pueden encontrar en América Central”.
La presencia amenazante de las tropas intimida.
Una de las dueñas dice: “cuando los trabajadores tienen miedo, no acuden. Cuando los proveedores pierden miembros del equipo de la noche a la mañana, las entregas se detienen. Cuando nuestros clientes se preocupan por la seguridad de su familia, no pueden concentrarse en alimentar a sus hijos con alimentos saludables”.
Se convierte en una reacción en cadena.
DEMANDAN ACCIÓN
Por eso, la semana pasada un pequeño grupo de representantes de esos restaurantes, supermercados y tiendas, se reunieron con la prensa frente a la tienda Green Grocer para hacerse oír, con una demanda específica: quieren que el Congreso rechace la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Interna, que controla ICE y las demás agencias policiales migratorias. Quieren que cese el acoso. Para que les dejen vivir.
Allí estuvieron varios propietarios de restaurantes, representantes de supermercados y tiendas minoristas, describiendo los daños causados por las redadas migratorias.
“Mientras que las familias inmigrantes soportan el impacto más profundo e inmediato, el efecto dominó perturba nuestras escuelas, nuestros comercios locales y el tejido social de nuestras comunidades”, dijo Alysia Bell, presidenta de UNITE-LA, organizadora de la rueda de prensa. Unite LA, www.unitela.com una organización comunitaria con énfasis en la educación y el bienestar, incluyendo los de inmigrantes.
“Estamos aquí hoy porque el Congreso está tomando decisiones de financiación en este momento que afectarán directamente la fuerza laboral y la estabilidad económica de California”, dijo Bell.
Quien conoce la realidad californiana y la intensidad de las actividades antimigratorias, comprende que este es un problema esencialmente económico, que va más allá de las pertenencias partidistas. La realidad es la realidad. Y como expresaron los organizadores del evento, “la continuidad de la fuerza laboral es esencial para la prosperidad regional y el acceso a los alimentos en los vecindarios locales”.
No es solamente la caída de ventas, enfatizaron. No es solamente la reducción del personal alejados de sus puestos laborales, sea porque fueron detenidos o por temor a serlo. Las redadas han desestabilizado toda la cadena de suministro de una manera que afecta a los mercados locales. Cada vez más.
Lo explicó Sam Robles, dueño del restaurante de comida mexicana La Carreta: “Durante los últimos ocho meses, cada vez que se ha visto un avistamiento de ICE en nuestro vecindario, se publica rápidamente en redes sociales y, en cuestión de minutos, las calles quedan en silencio: no hay tráfico ni gente”.
Lo que sucede a partir de ese momento es de esperar: “Todos se esconden”, agregó Robles. “Se siente la tensión en el ambiente. Decidimos cerrar el resto del día. Sabemos lo que sigue: un restaurante vacío”.
El mes pasado, UNITE LA ya había organizado a 24 grupos empresariales de California para que el 28 de enero enviaran una carta dirigida a los dos senadores que representan a California en el Congreso expresando su seria preocupación por la situación.
“Instamos respetuosamente a los legisladores a que reconsideren y revoquen los fondos incluidos en el Proyecto de Ley de Asignaciones al Departamento de Seguridad Nacional para actividades de control migratorio”, expresa el documento.
MAS CASOS
Green Grocer no es la única tienda que sufre el trajín antiinmigrante del gobierno federal. Ni de lejos. Son muchas. Tantas, que organizarse es inevitable.
El 13 de enero, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada migratoria en el estacionamiento de Home Depot de Downey. Se llevaron a varias personas.
Otras tiendas de la misma cadena fueron escenario de las redadas contra los trabajadores que allí esperan que alguien los contrate por el día. Hace dos semanas, cien vecinos y simpatizantes, en su mayoría blancos, protestaron en la tienda Home Depot de Highland Park por lo mismo. Fue una de varias protestas que presencié.
Hay más. Hace un mes, efectivos federales en vehículos sin identificación atacaron a vendedores y negocios en las calles del Distrito de la Moda de Downtown. Detuvieron a transeúntes, clientes y trabajadores; exigieron y revisaron sus documentos. Pusieron en duda estatus migratorio. Mientes, dijeron a ciudadanos.
Hay más. En estos días, en un incidente presentado en las noticias del canal 7, al menos 12 personas fueron arrestadas por los soldados de la Migra. Advertidos por las alarmas en los medios sociales, activistas vieron cómo los agentes detenían a un vendedor ambulante en la Plaza Eagle Rock, en el vecindario angelino del mismo nombre. Se lo llevaron y lo único que pudieron hacer fue cuidar la mercadería para llevársela a la familia.
Las redadas perjudicaron especialmente a los negocios con clientes o empleados latinos.
El restaurante La Chispa de Oro, sobre la César Chávez del Este de Los Ángeles comenzó a cerrar sus puertas un día a la semana cuando los clientes atemorizados lo dejaron de frecuentar, informó el sitio local Boyle Heights Beat
La publicación entrevistó a empleados, dueños y clientes en una docena de restaurantes en su barrio:
“…En Casa Fina, en la calle 1st, hablan sobre la posibilidad de despedir empleados o incluso cerrar”… “En Milpa Kitchen pusieron letreros que prohíben el ingreso de ICE a la propiedad privada”… “En The Big Burrito, sobre la Wabash, no pueden reducir más su jornada, por temor a alejar a los pocos clientes que aún llegan”… “El dueño de Un Solo Sol perdió la mitad de su clientela desde que comenzaron las redadas”.
Especialmente es deplorable la situación de los más de 10,000 vendedores ambulantes que recorren nuestras calles – a la salida de escuelas, fábricas, hospitales – ofreciendo comida sabrosa y barata. ¿Y ahora? Es que no tienen la alternativa de dejar de vender.
En mi barrio de Lake Balboa, Van Nuys, la esquina del correo está normalmente atestada de puestos de venta de comida asada, al gusto de al menos cuatro países, así, en la calle. Cuando comenzaron las redadas, desaparecieron. La semana siguiente comenzaron a abrir, atendidos ahora por los hijos, adolescentes que son ciudadanos por nacimiento. Dos semanas más tarde, los padres, inmigrantes, tuvieron que asumir el riesgo y volver.
REACCIONES
Ya sabemos cómo operan. Vale repetirlo. Quienes a ojos de los agentes encapuchados eran sospechosos de estar en el país sin papeles son interrogados, esposados, detenidos. Se los llevan en camionetas sin señales de identificación. No quieren decir adónde. Eso duele, en gran escala.
Hilda Solís, envió al evento un documento, detallando su lucha para detener esta modalidad del gobierno federal: “La agresiva aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Los Ángeles está perturbando nuestra economía, perjudicando a las familias trabajadoras, desestabilizando a las pequeñas empresas y poniendo a prueba nuestra red de seguridad social”, dijo Solís
La supervisora se refirió a un reporte del Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado dado a conocer el 10 de febrero después de seis meses de preparativos, a instancias de ella misma y la supervisora Janice Hahn.
El estudio determinó que “las medidas federales de control de inmigración han causado millones de dólares en pérdidas comerciales, una escasez generalizada de personal y una marcada disminución de la actividad de los consumidores”.
“El Informe de Impacto Económico?” dijo Solís, “confirma lo que nuestras comunidades han experimentado de primera mano. La aplicación de la ley de inmigración en el condado de Los Ángeles está alterando nuestra economía y perjudicando a las familias de los trabajadores, desestabilizando a las pequeñas empresas y poniendo a prueba nuestra red de seguridad social”.
EL REPORTE
Los números llaman la atención a la vulnerabilidad de nuestros negocios, a que dependen en gran medida de trabajadores y consumidores migrantes y a que el gobierno federal no considera problemático este daño a la economía californiana.
El informe dice que “el 82% de las empresas encuestadas reportaron impactos negativos de las medidas migratorias. El 44% perdió más de la mitad de sus ingresos”.
Detalla las áreas más afectadas por la escalada de represión migratoria. Son zonas de absoluta mayoría latina.
La conclusión inescapable es que la situación perjudica no solamente a los inmigrantes indocumentados, sino a toda la comunidad, en especial en estas zonas:
Así, ICE ha multiplicado sus esfuerzos en Panorama City, Mission Hills y North Hills, que bajo el código postal 91402 tiene un 92% de población latina. En Bell, Cudahy y Bell Gardens (90201, con 96% de latinos), Pico Rivera (90660, 90%), el Sureste de Los Ángeles (90011, 92%), Huntington Park (90257, 97%), South Gate (90280,94%), Boyle Heights (90023, 94%) y Maywood (90270, 97%).
En esos barrios viven unos 600,000 residentes.
¿Qué hacer?
Lo que hicieron los activistas. Su unión les da fuerza. La ayuda de funcionarios electos como Hilda Solís los empuja. La claridad de sus metas los desarrolla. Eso perdurará.