DUARTE. Un comerciante denunció haber sido atacado con una barra de hierro por un competidor y criticó la respuesta de las autoridades judiciales, a las que acusa de minimizar la gravedad del hecho.
El afectado, propietario de un comedor y pica-pollo en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, cerca de la rotonda de Los Rieles, lleva más de tres años operando en la zona.
Hace aproximadamente un mes, un hombre identificado como Rafael, conocido como “El Gordo”, abrió un negocio de comida justo al lado. El nuevo vecino inició una competencia agresiva, ofreciendo cinco piezas de pollo por 200 pesos, un precio muy por debajo del mercado local.
Según el denunciante, el 25 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, Rafael lo amenazó por vender pastelitos y bolas de yuca. El agresor le habría dicho: “No lo haga porque yo por mi negocio mato a cualquiera”, repitiendo la advertencia en varias ocasiones.
El comerciante decidió ignorar las amenazas y continuó con su actividad habitual. Más tarde esa misma noche, cerca de las 11:30, confrontó a Rafael para reafirmar su derecho a vender lo que considerara oportuno en su propio local.
Fue en ese momento cuando, según su relato, el agresor entró a su negocio, salió con una barra de hierro y lo atacó directamente en la cabeza. Un empleado de Rafael, de nombre Michael, intentó detenerlo gritando “No, gordo, no lo hagas”, pero no logró evitar el golpe.
La víctima asegura que salvó su vida gracias a un recipiente de acero inoxidable que amortiguó el impacto. El pote, que aún conserva la abolladura, fue un regalo del cuñado del comerciante y logró detener lo que califica como “un golpe mortal”.
Tras el incidente, presentó una denuncia en el cuartel policial local, pero esta fue calificada únicamente como “amenaza”, no como tentativa de homicidio. El denunciante critica esta clasificación, argumentando que hubo una clara intención de acabar con su vida usando un objeto contundente.
Han transcurrido 18 días desde la agresión y el comerciante ha acudido a la fiscalía en al menos tres ocasiones sin que se modifique la tipificación del caso. Las autoridades incluso le habrían propuesto una reconciliación con su agresor, oferta que rechazó de plano por considerar la gravedad del ataque.
El afectado manifestó su preocupación porque las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el incidente podrían borrarse debido al tiempo transcurrido. Desde el suceso, ha dejado de trabajar en horario nocturno por miedo a represalias, incluyendo un posible incendio intencional.
“Estoy muy decepcionado de la justicia y las autoridades”, declaró, cuestionando la demora en recabar las pruebas y criticando que, a su juicio, “parecen esperar a que se materialice mi muerte para actuar”.
Según el denunciante, Rafael también ha amenazado a proveedores del comerciante, en un aparente intento por aislarlo comercialmente y eliminar la competencia. Afirma que no podrá retomar su actividad con normalidad mientras su agresor permanezca libre y sin enfrentar consecuencias legales.
Insistió en que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias” y no aceptará ningún tipo de acuerdo o conciliación. En medio de sus críticas, hizo una excepción para elogiar a un oficial, comentando que “si hubiera 50 personas como él, la justicia sería diferente”.
REDACCIÓN FV MEDIOS