La administración de Donald Trump nos ha quitado la alarma justo cuando el humo ya se cuela por la ventana. Hoy, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, anunció que revocará la “Declaración de Peligro” (Endangerment finding en inglés), la normativa científica y legal que ha permitido al gobierno federal regular la contaminación desde 2009.
Ese retroceso no se queda en Washington. Lo sentiremos en los pulmones. En California, por ejemplo, donde muchas familias viven cerca de autopistas, puertos, patios de carga y corredores industriales, debilitar la autoridad federal significa dar más margen para contaminar y menos capacidad para proteger la salud pública. La pregunta real es quién paga primero. Y, como siempre ocurre con el cambio climático y la contaminación, las comunidades con menos recursos sufrirán más.
La “Declaración de Peligro” existe porque la ciencia obligó a llamarlo por su nombre: ciertos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y metano, ponen en riesgo la salud y el bienestar. Esa conclusión, adoptada por la EPA en 2009, permite limitar las emisiones de fuentes como vehículos y otras industrias, bajo la Ley de Aire Limpio. Hoy quieren derribar esa base para que las grandes corporaciones paguen menos y contaminen más, sin ninguna responsabilidad.
Para los latinos, la contaminación ya es un problema. Alrededor de 1.8 millones de latinos viven a menos de media milla de una instalación petrolera o de una estación de gas, lo que contribuye a las altas tasas de asma. Más de 3.6 millones de latinos en los Estados Unidos padecen asma y tienen el doble de probabilidades de acudir a la sala de urgencias por esta enfermedad, mientras que los niños latinos tienen el doble de probabilidades de morir por asma que los niños blancos.
Nuestras comunidades enfrentan una doble amenaza: vivimos cerca de fuentes de contaminación y muchos trabajan al aire libre en la agricultura y la construcción, sin poder escapar de la contaminación. Acabar con la “Declaración de Peligro” sólo empeorará todos estos problemas. Cuando sube la polución, suben el asma, los problemas cardíacos, los días perdidos de escuela y de trabajo y las cuentas médicas, que ya eran imposibles de pagar.
Tan sólo en 2024, Estados Unidos enfrentó 27 desastres climáticos y meteorológicos que causaron daños por encima de los mil millones de dólares, que afectaron infraestructuras y economías locales. Justo cuando nuestras comunidades más necesitan transparencia sobre los riesgos climáticos que enfrentan, la administración Trump suspendió el registro de los impactos de los desastres climáticos por parte del Servicio Nacional de Oceanografía y Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés). Las comunidades latinas suelen vivir en zonas propensas a inundaciones, áreas afectadas por incendios forestales y barrios urbanos con olas de calor, y cuentan con menos recursos para recuperarse.
La mayoría de la gente quiere acción, no excusas. El 75% de los votantes registrados apoyan regular el dióxido de carbono como contaminante. Pero hoy Zeldin y Trump toman partido por la desregulación y por quienes se benefician cuando la contaminación sale más barata que la prevención.
No tenemos por qué respirar esta mentira. No nos pidan que “confiemos” mientras desactivan la alarma. Un gobierno que desactiva la protección de la calidad del aire no está defendiendo a las familias: está del lado de los contaminadores. No lo aceptamos. Contaminar no es un derecho. Respirar si.
(*) Antonieta Cádiz es la directora ejecutiva de Climate Power En Acción. El representante Raúl Ruiz es médico y representa al distrito 25 de California.
Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.