La Justicia argentina procesa a exfuncionarios de Milei por corrupción en el área de discapacidad

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Este lunes en Buenos Aires la Justicia ordenó el procesamiento de 19 acusados de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de exfuncionarios del Gobierno del presidente, Javier Milei, así como empresarios del sector farmacéutico, que habrían sido beneficiados por el Estado. Es la causa por corrupción más importante que afronta la gestión libertaria desde su llegada al poder en 2023.

En las últimas horas la Justicia ha avanzado con firmeza en la causa que hizo saltar las alarmas en la Casa Rosada en 2025. El juez Sebastián Casanello decidió este lunes el procesamiento de los 19 acusados de corrupción en el área de discapacidad del Gobierno. Concretamente, están señalados por haber conformado una presunta red de corrupción vinculada a la compra de medicamentos por sumas millonarias a través de la ANDIS.

De acuerdo con el magistrado, la red compuesta por los acusados –exfuncionarios del Gobierno de Milei y empresarios– habría utilizado la agencia para enriquecerse a través de una serie de contrataciones irregulares. Según la denuncia, el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, así como el resto de los integrantes de la organización, habrían permitido a farmacéuticos amigos el cobro de sobreprecios de hasta un 2.000% en medicamentos destinados al área de discapacidad.

Cabe recordar que Spagnuolo era también abogado del jefe de Estado, con quien mantenía, además, un vínculo personal.

El pedido de procesamiento había sido presentado por el fiscal de la causa, Franco Picardi. Los delitos de los que se encuentran señalados tanto los exfuncionarios de ANDIS como los empresarios son asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez ha señalado este lunes que se los acusa de defraudar al Estado por un valor que supera los 6.000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).

«Organización criminal»

El fallo judicial, que supera las 300 páginas de extensión, hace referencia al sistema que se habría implementado desde el Estado para obtener beneficios económicos. «En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas», detalla el documento.

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En la resolución del magistrado también se menciona que la agencia «fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».

Como consecuencia de los hechos denunciados, el juez Casanello ordenó como medida un embargo a Spagnuolo por una suma total de 202.828 millones de pesos (unos 140 millones de dólares) sobre sus bienes. 

El origen de la causa

Cabe recordar que la causa por corrupción en el área de discapacidad salió a la luz el pasado mes de agosto, a través de unos audios difundidos en los medios de comunicación. En las grabaciones aparece mencionada la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. «Hay que llegar a Karina Milei», señalaban las grabaciones, en las que se añadía que «ella es quien define todo».

Apenas se desveló el caso de corrupción, la Casa Rosada negó cualquier vinculación con la causa. Spagnuolo fue separado de su cargo de director y la agencia fue intervenida. Un mes después, fue cerrada por decreto presidencial. El procesamiento de exfuncionarios y empresarios ligados a la presunta red de corrupción es apenas el primer paso de una causa que preocupa a la Casa Rosada.



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