La ministra dominicana Faride Raful respondió a señalamientos sobre un presunto ultimátum a ciudadanos haitianos en Santo Domingo Este, afirmando que solo la autoridad constituida tiene facultad para hacer llamados oficiales. Sus declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa tras la reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, presidida por el presidente Luis Abinader, donde se abordaron temas de seguridad y control migratorio.
Raful explicó que la autoridad está determinada por la Constitución y las leyes de la República Dominicana, reflejada en las instituciones que representan al Estado y su funcionamiento en todo el territorio nacional.
“Somos un Estado de Derecho compuesto por tres poderes, cuya funcionalidad la determina la Constitución de la República Dominicana. Las leyes que los rigen determinan cómo se ejerce esa autoridad… Eso se llama institucionalidad”, afirmó la ministra.
Con estas palabras, la funcionaria buscó aclarar la confusión generada por declaraciones de la Antigua Orden Dominicana, subrayando que ninguna organización puede emitir llamados a residentes extranjeros sin respaldo legal oficial.
La intervención de Raful refuerza el mensaje de que las acciones relacionadas con la población haitiana deben seguir los procedimientos establecidos por las autoridades competentes y la normativa vigente.
La ministra insistió en que los mecanismos de control y seguimiento se realizan dentro del marco legal, garantizando que se respeten los derechos de todas las personas mientras se mantiene el orden público en Santo Domingo Este.
Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación por la seguridad y regularización migratoria, donde las autoridades buscan coordinar acciones de manera institucional y transparente.
El llamado a la institucionalidad destaca la importancia de que los ciudadanos confíen únicamente en las acciones de los órganos oficiales, evitando difundir informaciones no verificadas que puedan generar temor.
La Fuerza de Tarea Conjunta continúa su labor de seguimiento y coordinación, asegurando que cualquier medida relacionada con residentes extranjeros se ejecute dentro del marco legal y constitucional.
Con esto, el gobierno reafirma su compromiso con el respeto a la ley, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los habitantes, evitando intervenciones ilegales de terceros.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**