NUEVA YORK – Una jueza federal en Massachusetts ordenó al Servicio de Rentas Internas (IRS) que deje de suministrar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) información confidencial de contribuyentes como parte de los esfuerzos para detener y expulsar a migrantes indocumentados en Estados Unidos.
Este jueves, el tribunal concedió la medida cautelar temporal solicitada por los demandantes Community Economic Development Center of Southeastern Massachusetts, National Parents Union, National Korean American Service and Education Consortuim y Undocublack Network, Inc.
“Tras considerar detenidamente la probabilidad de éxito de los demandantes en cuanto al fondo de sus reclamaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA),la amenaza de daño irreparable y el equilibrio de los intereses en juego y el interés público, el tribunal determina que procede conceder una medida cautelar para prohibir provisionalmente que el ICE utilice las direcciones de los contribuyentes proporcionadas por el IRS en virtud del memorando de entendimiento entre el IRS y el ICE durante la tramitación de este litigio”, lee parte del memo y orden de Indira Talwani.
La decisión de la jueza establece que el Memorando de Entendimiento y el Acuerdo de Implementación entre el IRS y ICE, así como los acuerdos, políticas, prácticas y procedimientos relacionados quedan suspendidos y anulados provisionalmente a tono con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) hasta que el litigio se resuelva en su fondo.
La jueza también le prohibió a los demandados, que son ICE y su director interino, Todd M. Lyons; la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem; y el director interino del IRS, Frank Bisignano, “inspeccionar, examinar, utilizar, copiar, distribuir, basarse en o actuar de cualquier otra manera con respecto a cualquier información fiscal obtenida o revelada por los demandados del IRS en virtud de los acuerdos de intercambio de información”.
Los demandantes alegan que las autoridades gubernamentales han implementado acuerdos de intercambio de datos que violan las protecciones de privacidad de la Ley de Reforma Tributaria de 1976, específicamente el artículo 6103 del Título 26 del Código de los Estados Unidos. Argumentan que la acción es “contraria a la ley, arbitraria y caprichosa, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
El documento judicial expone que, como parte de la agenda de política migratoria del presidente Trump, el 18 de febrero de 2025, el ICE solicitó al IRS que colaborara en una iniciativa liderada por el ICE para localizar, inicialmente, a unas 700,000 personas que se encontraban bajo órdenes finales de deportación.
Tras las negociaciones entre las agencias y la salida de algunos empleados del IRS, el 7 de abril de ese año, el IRS y el ICE firmaron un Memorando de Entendimiento (el “Memorando de Entendimiento IRS-ICE”) sobre el intercambio de datos a los fines de implementar la directiva del presidente Donald Trump para que el DHS “tomara medidas inmediatas para identificar, excluir o deportar a los extranjeros que se encontraban ilegalmente en EE.UU.”.
Parte del argumento del Gobierno se basa en que las personas estaban bajo investigación criminal por violaciones de una o más leyes penales federales.
El Gobierno hace referencia al Título 8 del Código de Estados Unidos, que establece que un extranjero que “intencionalmente no abandone o se niegue a abandonar los EE.UU. dentro de un período de 90 días a partir de la fecha de la orden final de deportación emitida mediante procesos administrativos, o, si se interpone un recurso judicial, a partir de la fecha de la orden final del tribunal”, estará sujeto a sanciones penales.
Entre la información intercambiada por las agencias figura el nombre y la dirección del contribuyente; el período o períodos fiscales a los que se refiere la información de la declaración (dirección) que se solicita; el estatuto penal federal no tributario específicamente designado u otro estatuto penal federal no tributario específicamente designado en virtud del cual se está llevando a cabo una investigación o procedimiento contra la persona; la fecha de la orden final de expulsión y el número de caso asignado a dicha orden y cualquier otra información que ICE pueda proporcionar para ayudar al IRS a la identificación, como número de Seguro Social (SSN) y el de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
La privacidad de la información que presentan los contribuyentes al IRS está protegida por el Código de Rentas Internas (IRC).
“En respuesta a usos anteriores de información de los contribuyentes con fines indebidos, el Congreso modificó la Sección 6103 mediante la Ley de Reforma Tributaria de 1976, ‘para proteger la privacidad de la información de las declaraciones de impuestos y regular con sumo detalle la divulgación de este material’”, especifica el texto judicial.
Usualmente, las declaraciones y la información de las declaraciones son confidenciales y no sujetas a divulgación conforme a la Sección 6103 del Código.
La Sección 6103 establece que ningún funcionario o empleado, ya sea del IRS o de otra agencia, podrá divulgar “la declaración o la información de la declaración obtenida por él”, salvo en limitadas excepciones.
“En consonancia con el objetivo de confidencialidad establecido por el Congreso, la Sección 6103 dispone que la divulgación de declaraciones de impuestos e información relacionada con las mismas en el contexto de asuntos penales no tributarios solo se permite cuando está sujeta a importantes garantías procesales”, señala el escrito.
Talwani es la segunda jueza que falla en contra del intercambio de información.
En noviembre de 2025, la jueza federal de Washington, D.C., Colleen Kollar-Kotelly, suspendió el acuerdo entre las entidades para localizar a migrantes indocumentados.
El tribunal determinó que la implementación del memo de entendimiento entre el IRS e ICE y la divulgación por parte del IRS de 47,000 direcciones de contribuyentes a ICE, constituyó una acción administrativa arbitraria y caprichosa. El tribunal de distrito dictaminó que el IRS violó el requisito del Código de Rentas Internas que establece que la información confidencial de los contribuyentes solo puede divulgarse a funcionarios y empleados de agencias federales que participen personal y directamente en una investigación penal.
El 5 de enero pasado, el Gobierno apeló la orden del tribunal de distrito de D.C. ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de D.C. Posteriormente, el tribunal de distrito de D.C. suspendió el procedimiento, pero la medida cautelar sigue vigente a la espera de la decisión del foro apelativo.
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