La Unión Europea quiere ser sostenible, pero sigue suspendiendo en lo que a movilidad urbana se refiere. Así se extrae de un informe publicado este miércoles por el Tribunal de Cuentas Europeo en el que se alerta de que los planes de los gobiernos locales no consiguen que cambie la tendencia: los trabajadores no abandonan el coche para pasarse a la bici, al transporte público -como metro o tranvía- o a medios más amables con el medioambiente.
“La mayoría de la población de la UE vive en zonas urbanas, que atraen empleo y actividad económica, pero esto genera un fuerte tráfico de viajeros del domicilio al lugar de trabajo (movilidad cotidiana), así como contaminación. La UE promueve la movilidad urbana sostenible a través de la legislación, la orientación y la financiación. Sin embargo, los auditores afirman que es necesario “conciliar las necesidades de los trabajadores pendulares con los objetivos climáticos“, explica el documento.
El Tribunal de Cuentas Europeo, en este sentido, recuerda que la responsabilidad recae en los gobiernos nacionales, y en algunos casos -como el español- sobre todo en las administraciones locales… que de momento en su mayoría no están a la altura. La UE ha asignado alrededor de 60.000 millones de euros durante el período 2014-2027 y ha realizado “esfuerzos persistentes para promover la movilidad sostenible de los trabajadores pendulares como alternativa viable al uso del vehículo privado“, recoge el documento.
Esto significa, por ejemplo, invertir en mejores trenes regionales, redes de tranvía ampliadas y carriles bici entre suburbios y centros urbanos, e intercambiadores multimodales que ofrezcan conexiones sin fisuras entre los distintos modos de transporte. “La punta de lanza del enfoque de la UE son los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), obligatorios para 431 ciudades de la UE en 2024″, añaden. Sin embargo, los auditores detectaron varias deficiencias que restaban eficacia a los PMUS examinados. Es decir, las iniciativas no convierten la teoría sostenible en hechos tangibles.
Los auditores destacaron que la legislación, pese a haberse reforzado, no exige que los Estados miembros garanticen que los PMUS se ajusten a las directrices pertinentes de la Unión. “Por ejemplo, las directrices de la UE requieren que la planificación de la movilidad urbana esté vinculada a la ordenación del territorio, es decir, a la forma en que se organizan los espacios, desde hogares y lugares de trabajo hasta carreteras, aparcamientos y zonas verdes, de modo que el desarrollo urbano y la movilidad se complementen y conformen el modo en que las personas se desplazan por las ciudades”, sostienen.
Además, aunque una financiación suficiente es esencial para obtener buenos resultados, “la mayoría de los planes no contenían información sobre su disponibilidad de financiación para las inversiones previstas”. En este sentido, contiene el documento, el análisis de los planes de movilidad de seis zonas urbanas (Budapest, Katowice, Lisboa, Praga, Sevilla y Lille) reveló que la mayor parte de su cobertura geográfica “se basa en los límites administrativos y no en los flujos de viajeros”. Es decir, se pone el foco en los trámites burocráticos y no en facilitar el paso del coche al transporte sostenible.
Aunque una auditoría de 2020 sobre movilidad urbana sostenible indicaba que solo podía llegarse más rápidamente en transporte público que en automóvil a destinos situados en zonas pequeñas y centrales, esta vez los auditores comprobaron qué zonas podían alcanzarse en 45 minutos desde determinadas áreas de movilidad cotidiana en zonas suburbanas. En ese análisis constataron que, en general, “los automóviles podrían cubrir muchas más zonas, incluso durante las horas punta”. Los auditores también señalan que las autoridades locales se centraron “en medidas para promover un transporte público más accesible y sostenible, mientras que las iniciativas para desincentivar el uso del automóvil, como la restricción de su acceso a determinadas zonas o la concesión de incentivos financieros para reducir los viajes en coche, son menos frecuentes”.
La mayoría de los proyectos auditados, que comprenden desde líneas de metro y tranvía hasta intercambiadores multimodales, lograron los resultados previstos. Pero, de nuevo, una brecha: “Esto no significa que todos ellos hayan tenido también un impacto significativo en la satisfacción de las necesidades de los trabajadores”. ¿Por qué? Porque las necesidades de las ciudades y de los trabajadores no se analizan con acierto o porque falta coordinación entre instituciones, avisa el Tribunal en el informe. Los auditores detectaron varios ejemplos de este tipo de insuficiencias que dificultan el buen uso de los fondos de la UE, como un aparcamiento disuasorio infrautilizado y una vía ciclista que terminaba bruscamente en el límite de la ciudad, por poner dos ejemplos.
“Muchos ciudadanos de la UE utilizan el automóvil todos los días en zonas urbanas, a menudo porque no existen alternativas de movilidad atractivas”, explica Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. “Aunque la UE ha reforzado su política de movilidad sostenible, los esfuerzos locales son decisivos para seguir mejorando. Solo así podremos esperar menos atascos, una mejor calidad del aire y una mejor calidad de vida en general”, concluye.