Una investigación de NY1 ha revelado que hay miles de personas que han sido detenidas por las autoridades de inmigración y que permanecen recluidas sin haber tenido audiencia para fijar la fianza.
Llevan meses detenidas, y todo ello debido a un cambio poco conocido introducido por la administración Trump.
En 1996, el entonces presidente Bill Clinton promulgó una ley integral de inmigración.
Una de las disposiciones clave se refería a las personas que habían entrado ilegalmente en el país sin pasar por un puerto de entrada y que posteriormente habían sido detenidas.
Esas personas pueden acogerse a una audiencia de fianza si llevan más de dos años en el país. Si llevan menos tiempo, pueden enfrentarse a una detención obligatoria, lo que significa que permanecerán recluidas sin audiencia de fianza hasta que se resuelva el caso.
Pero en septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), junto con el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump, emitió una nueva interpretación de esa ley.
Ahora, cualquier persona que haya entrado sin pasar por la inspección ya no tiene derecho a una audiencia de fianza, independientemente de si llegó hace dos años o hace 20.
La resolución de la BIA establecía que esas personas seguían solicitando la admisión en el país. Por lo tanto, el plazo de dos años nunca comenzó.
Al final, eso significa, según la BIA, que estas personas deben permanecer en centros de detención hasta que se resuelva su caso.
De camino a su trabajo en el condado de Putnam, un hombre que pidió que lo llamaran Marwin fue detenido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Marwin llegó a Estados Unidos desde Guatemala cruzando la frontera sur sin inspección en 2001. Su abogado dijo que tiene un caso de asilo pendiente.
Sin embargo, el agente del ICE le dijo a Marwin que iba a ser arrestado esa mañana de verano fuera de su coche.
“El agente me dijo: «¿Podría entrar en el vehículo, por favor?” Y le dije: “¿Me darías un minuto para rezar?”, recordó haber dicho.
Marwin no tendría la oportunidad de despedirse de su esposa ni de sus tres hijos pequeños. Las autoridades de inmigración tramitaron el caso de Marwin en Nueva York antes de trasladarlo en avión a un centro de detención en Michigan.
Permaneció detenido durante más de dos meses sin que se le concediera una audiencia de fianza debido a la nueva política del Gobierno de Trump.
Marwin recuerda su primera llamada telefónica con su hija mayor, de 9 años.
“Me dijo: “¿Qué estás haciendo? ¿No puedes venir a casa?”. Le respondí: “Ahora estoy ocupado, pero voy a hacer tiempo y voy a ir”. Y entonces me dijo: “Oye, papá, ¿quieres jugar conmigo por teléfono?”, recuerda Marwin, conteniendo las lágrimas. “Y fingí que estaba allí”.
Según datos del ICE, entre septiembre y diciembre de 2025 fueron detenidas 146 892 personas, sin especificar cuántas de ellas permanecieron recluidas sin audiencia de fianza debido a la nueva interpretación de la ley de la era Clinton.
Un portavoz del ICE no respondió a una solicitud de comentarios.
NY1 envió un correo electrónico a casi 1000 abogados de inmigración de los 50 estados, preguntándoles cuántos de sus clientes no habían podido acceder a una audiencia de fianza debido al cambio introducido por Trump.
En conjunto, los 200 abogados que respondieron estiman que tenían más de 3000 clientes detenidos debido a la nueva interpretación.
“Normalmente no trabajo con detenidos”, dijo Robert Armstrong, abogado de inmigración en Dallas, Texas. “Por lo tanto, no tenía ningún cliente detenido antes de esto”.
Ahora tiene siete.
Ashley Lively dijo a NY1 en una entrevista por Zoom que su número se acercaba más a 50 desde septiembre. Su bufete tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte.
Adam Boyd dijo que tiene docenas en su oficina de Seattle, Washington.
“Un sistema que ya no reconoce el estado de derecho en aspectos bastante básicos. Y es muy frustrante como abogado intentar luchar contra eso”, dijo Boyd.
Uno de los abogados más sorprendentes con los que habló NY1 fue David K.S. Kim.
Hace solo unos meses, decidía sobre audiencias de fianza y presidía casos como juez de inmigración en el Bajo Manhattan.
Dijo que la administración Trump lo despidió después de tres años de servicio. Una afirmación sobre la que el Departamento de Justicia se negó a comentar.
Así que, en lugar de estar en el estrado, Kim representa al menos a un detenido, ayudándole a demandar al Gobierno federal para conseguir una audiencia de fianza.
“Lo veo más como una forma de proteger los intereses de mis clientes, sus derechos, especialmente los derechos al debido proceso, que creo que están siendo violados por nuestro actual Gobierno”, dijo Kim en una entrevista desde su oficina de Long Island.
Kim es uno de al menos tres exjueces de inmigración que, según ha confirmado NY1, están presentando demandas contra el Gobierno de los Estados Unidos, su antiguo empleador, por este asunto.
Se encuentran entre los muchos abogados de inmigración que han presentado peticiones de hábeas corpus, argumentando que el Gobierno federal está deteniendo a personas de forma inconstitucional basándose en la nueva interpretación del Departamento de Justicia de las leyes de inmigración aprobadas hace 30 años.
El Consejo Americano de Inmigración hizo un seguimiento de los resultados de estas peticiones durante casi todo el año 2025.
Hay 28 jueces federales de distrito que se pusieron del lado del gobierno, dictaminando que estos no ciudadanos no merecían una audiencia de fianza.
Por otro lado, 260 jueces federales de distrito, nombrados por presidentes desde Ronald Reagan hasta Donald Trump, no estuvieron de acuerdo con el gobierno, y a menudo pidieron que los no ciudadanos tuvieran audiencias de fianza o fueran puestos en libertad.
Las autoridades de inmigración liberaron a Marwin de un centro de detención en Michigan después de más de dos meses porque su abogado presentó con éxito una petición de hábeas corpus.
El otoño pasado, NY1 se reunió con Larysa Kostak en su casa de Brooklyn después de que la ucraniana pasara más de tres meses en un centro de detención en Luisiana.
Ella también fue liberada gracias a una petición de hábeas corpus. «Y eso es un gran milagro», dijo. «Estoy de vuelta en casa».
Uno de los ejemplos más destacados fue el de un hombre de Minnesota y su hijo de cinco años, que fueron arrestados por el ICE el mes pasado y detenidos en Texas.
Este fin de semana, fueron puestos en libertad. Según los registros judiciales obtenidos por el New York Times, sus abogados también habían presentado una petición de hábeas corpus.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, dijo que la agencia «se niega a comentar asuntos relacionados con litigios».
A pesar de que cientos de jueces fallaron a favor de los detenidos, sus sentencias solo se aplican a esos casos, no a otros futuros en todo el país. Por lo tanto, la cuestión sigue estancada en los tribunales.
Pero una jueza se propuso cambiar eso en diciembre.
La jueza Sunshine Suzanne Sykes no solo anuló la política del gobierno sobre la detención obligatoria, sino que se mostró de acuerdo con los abogados de los detenidos y dictaminó que a quienes presentaron la demanda se les debería haber concedido una audiencia de fianza.
Y este caso fue un paso más allá. Los abogados de los detenidos solicitaron a la jueza que estableciera una clase, lo que haría que la sentencia, si la jueza estaba de acuerdo, se aplicara en todo el país a cualquier persona que cumpliera los criterios.
En este caso, los abogados solicitaron que la sentencia de la jueza se aplicara a: cualquier persona que entrara sin inspección, no fuera detenida a su llegada y que no hubiera sido «sujeta a detención» en virtud de otras leyes de la era Clinton.
Sykes estuvo de acuerdo con los demandantes, lo que significa que cualquier persona que forme parte de esa clase debería tener derecho a una audiencia de fianza.
“Está muy claro”, dijo la exjueza Shira Shendlein, que se jubiló en 2016 tras ejercer como jueza federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York durante más de dos décadas.
Shendlein revisó la sentencia de Sykes, facilitada por NY1.
Sin embargo, unas semanas después del fallo de Sykes, un correo electrónico obtenido por NY1 de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración mostraba una nueva directiva aparente de la jueza jefe de inmigración del país, Teresa Riley, a todos los jueces de inmigración.
Riley dijo que la decisión de Sykes «no era una orden judicial a nivel nacional» y que la interpretación del gobierno desde el otoño «sigue siendo un precedente vinculante para los jueces de las agencias» en lo que respecta a las audiencias de fianza.
“Básicamente están diciendo que no tenemos que obedecer la orden del tribunal», dijo Shendelin cuando revisó la copia del correo electrónico. «Y eso es algo muy peligroso”.
En un proceso judicial federal en Massachusetts, el correo electrónico de Riley a los jueces de inmigración salió a relucir durante una audiencia de hábeas corpus.
“Es una especie de acto de, no sé, «desafío» podría ser la palabra”, dijo la jueza Patti B. Saris sobre el correo electrónico, a pesar de la sentencia del juez federal en California. “O tal vez esté recibiendo presión de sus superiores en el Departamento de Justicia, y tal vez no debería culparla individualmente, pero no estoy muy segura de qué hacer al respecto”.
NY1 obtuvo una transcripción de las declaraciones de Saris de la ACLU de Massachusetts, que representa a los detenidos que solicitan hábeas corpus en ese procedimiento.
“¿Hay alguna forma de acelerar la revisión ante el Tribunal Supremo?”, preguntó Saris a los abogados, según la transcripción.
Muchos abogados con los que NY1 ha hablado durante meses han pronosticado que no es cuestión de si este asunto sobre las audiencias de fianza acabará ante el tribunal más alto del país, sino de cuándo.
Mientras tanto, parece que estas detenciones continuarán. Y se están presentando más peticiones de hábeas corpus.
Sin embargo, hacerlo puede ser muy caro, de hasta decenas de miles de dólares, según muchos abogados.
Riley dijo que la decisión de Sykes «no era una orden judicial a nivel nacional» y que la interpretación del gobierno desde el otoño «sigue siendo un precedente vinculante para los jueces de las agencias» en lo que respecta a las audiencias de fianza.
“Básicamente están diciendo que no tenemos que obedecer la orden del tribunal», dijo Shendelin cuando revisó la copia del correo electrónico. «Y eso es algo muy peligroso”.
En un proceso judicial federal en Massachusetts, el correo electrónico de Riley a los jueces de inmigración salió a relucir durante una audiencia de hábeas corpus.
“La mayoría de la gente se rinde incluso ante el propio arresto. En el momento en que se produce el arresto, a menos que estén muy motivados, a menos que conozcan a personas que hayan salido, van a negarse incluso a contratar a un abogado”, dijo Michael Musa-Obregón, que representa a Marwin.
Marwin dijo que la gente de su comunidad prestó a su familia el dinero que necesitaban para pagar al abogado.
‘Fueron muy, muy generosos”, dijo Marwin.
Para él, era la única salida: intentar cualquier cosa para que su familia pudiera quedarse aquí, en Nueva York.
‘Seguimos creyendo que este país tiene mucho más que ofrecer a cualquiera que tenga la suerte de quedarse aquí”, afirmó.
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