La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha adelantado este martes que pedirá “penas de inhabilitación” en el caso de desvío de fondos europeos en el que está condenada en primera instancia la líder ultraderechista Marine Le Pen y otras personas relacionados con su partido, la Agrupación Nacional, pero sin precisar los años de las mismas.
“Solicitaremos penas de inhabilitación (…) No hace falta disimular un falso suspense”, ha aseverado Thierry Ramonatxo, el primer abogado general en intervenir en el Tribunal de Apelación de París al inicio la requisitoria que se celebra este martes y que se espera que se prolongue más de cinco horas.
Marine Le Pen fue condenada en marzo de 2025 a una pena que incluía cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata para ejercer cargo público, lo que le impediría presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027, en las que es favorita.
Además de la inhabilitación, la líder nacionalpopulista fue castigada por el mismo caso a cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— por malversación de fondos públicos de la Eurocámara.
“Ha llegado la hora de ajustar cuentas. No se trata en absoluto de trivializar las responsabilidades de nadie ante este tribunal, sin diluirlas ni disminuirlas”, ha dicho el fiscal Ramonatxo, justo antes de avanzar que él y su colega, Stéphane Madoz-Blanchet, solicitarán “que se confirme ampliamente la responsabilidad penal de todos los acusados y que se soliciten las penas de inhabilitación correspondientes”.
Ramonatxo ha reprochado a los miembros del Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional liderado por Marine Le Pen) los “ataques mediatizados” en primera instancia a la institución judicial y citó las “amenazas explícitas de muerte” que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia.
En este sentido, el fiscal se ha congratulado de que los debates de estas últimas tres semanas en el juicio en apelación se hayan desarrollado en un contexto más sereno. “Este es un cambio notable de tono y atmósfera”, ha señalado.
En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de cuaro millones de euros.
En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. “Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho“, afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Así, argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.