Por Raúl Germán Bautista.- La audiencia de apelación interpuesta por Santiago Hazim y otros seis imputados en el caso del desfalco por más de 15 mil millones de pesos a la Administradora de Riesgos de Salud SeNaSa continúa este martes 3 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.
La audiencia se celebrará en la sede de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en las instalaciones del Tribunal de Tierras, en la intersección de las avenidas Jiménez Moya e Independencia, en el sector Centro de los Héroes, del Distrito Nacional.
La audiencia del pasado martes 20 de enero fue aplazada debido a la incomparecencia del abogado de la imputada Ada Ledesma. El tribunal está integrado por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez.
La denuncia de este escándalo de corrupción fue revelada originalmente en el programa “N Investiga”, de Nuria Piera, lo que dio paso a las investigaciones, apresamientos y posteriores procesos judiciales.
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MEDIDAS DE COERCIÓN APELADAS
Con relación a este caso, varios de los imputados recurrieron la medida de coerción que los mantiene en prisión desde el pasado 14 de diciembre, en el marco del proceso judicial seguido por el caso SeNaSa.
En condición de prisión preventiva se encuentran Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como el cabecilla del presunto entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Todos apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos en diciembre por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras.
Asimismo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella cumplen arresto domiciliario, con garantía económica y prohibición de salida del país.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.