La administración Trump criticó este lunes a una jueza federal por bloquear temporalmente los planes para poner fin a las protecciones contra la deportación de más de 350,000 migrantes haitianos en Estados Unidos.
La jueza de distrito Ana Reyes, designada por el expresidente Joe Biden, dictaminó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no tenía autoridad para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes haitianos y que permitir que sus protecciones contra la deportación y autorizaciones de trabajo expiraran no servía al interés público.
“Corte Suprema, allá vamos”, escribió en X la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Esto es un activismo sin ley del que saldremos vindicados”, continuó. “El TPS para Haití se otorgó tras un terremoto que ocurrió hace más de 15 años, nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así es como administraciones anteriores lo han usado durante décadas”.
“Temporal significa temporal”, añadió McLaughlin, prometiendo que “la última palabra no será de una jueza activista legislando desde el banquillo”.
Desde la década de 1990, el programa TPS ha otorgado alivio humanitario a migrantes de regiones azotadas por desastres y guerras. El programa federal permite a los migrantes disfrutar de un estatus legal temporal en EE.UU. y obtener permisos de trabajo.
La designación de TPS para Haití estaba programada para expirar el martes, pero ahora está en suspenso indefinidamente.
“Los demandantes alegan que la secretaria Noem predeterminó su decisión de terminación y lo hizo por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos. Esto parece sustancialmente probable”, escribió Reyes en su mordaz fallo de 83 páginas.
“La secretaria Noem ha terminado cada designación de país TPS que ha llegado a su escritorio: doce países arriba, doce países abajo”, continuó la jueza con sede en Washington D.C. “Su conclusión de que Haití (un país mayoritariamente no blanco) enfrenta meramente condiciones ‘preocupantes’ no puede conciliarse con la ‘tormenta perfecta de sufrimiento’ y el ‘impacto humanitario asombroso’ descrito página tras página en el Registro Administrativo Certificado (CAR)”.
El presidente Trump intentó poner fin al TPS para los haitianos el verano pasado, pero demandas judiciales obligaron al DHS a posponer la fecha de finalización del programa.
Reyes dictaminó que las reglas federales no otorgan a Noem “discreción ilimitada para tomar la determinación que quiera, de la manera que quiera” con respecto al TPS.
“La secretaria Noem se queja de las presiones que los inmigrantes ilegales ejercen sobre nuestro sistema de aplicación de la ley migratoria. ¿Su respuesta? Convertir a 352,959 inmigrantes legales en inmigrantes ilegales de la noche a la mañana”, se quejó Reyes. “Se queja de las presiones sobre nuestra economía. ¿Su respuesta? Convertir a inmigrantes legales empleados que contribuyen con miles de millones en impuestos en personas legalmente inempleables. Se queja de las presiones sobre nuestro sistema de salud. ¿Su respuesta? Convertir a los asegurados en no asegurados. Este enfoque es muchas cosas, pero no está en el interés público”.
La administración Obama otorgó por primera vez el estatus TPS a los migrantes haitianos en 2010 tras un devastador terremoto de magnitud 7.0 que mató a más de 100,000 personas en la empobrecida nación. La designación se ha extendido varias veces desde entonces, más recientemente por la administración Biden en 2021.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**