Varios casos recientes vinculados al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), ocurridos en un período corto, evidencian una inoperancia preocupante. Una madre policía denuncia que un vehículo rotulado como perteneciente al CONANI se presentó en la escuela de su hija a la hora de salida, exigiendo llevarse a la menor sin orden judicial ni protocolo verificable, bajo la amenaza implícita de que la niña sería retirada si no se ‘probaba’ la maternidad. El desenlace no fue trágico porque la madre estaba armada. ¿Qué habría ocurrido en cualquier otro escenario?
En otro caso, un padre lleva meses esperando el acta de defunción de su hija, fallecida mientras estaba bajo custodia estatal. Antes de eso, el CONANI se negó incluso a evaluar si él o la abuela cumplían con los requisitos para la guarda. La menor murió en manos del Estado y, hasta hoy, no hay respuestas claras ni responsabilidades asumidas.
Un tercer padre denunció que su hija estaba siendo agredida por su madre con apenas semanas de nacida. La menor terminó en cuidados intensivos luego de ser devuelta a la madre biológica, pese a las advertencias. Tampoco aquí hubo reacción oportuna.
No se trata de hechos aislados. Una revisión de casos documentados en medios constata que los problemas se repiten: falta de protocolos claros, decisiones discrecionales, lentitud extrema y una alarmante ausencia de rendición de cuentas.
Es cierto que el CONANI arrastra limitaciones presupuestarias. Pero no todo es dinero. La ausencia de protocolos públicos —especialmente para escuelas, centros educativos y padres— es una falla estructural. Tampoco puede justificarse que, ante una denuncia de posible suplantación de autoridad, la respuesta institucional sea un simple post en redes sociales, sin anuncio de investigación conjunta con la Procuraduría General de la República ni coordinación visible con la Policía Nacional.
En un país golpeado por casos de desapariciones y violencia intrafamiliar, la infancia no puede depender de comunicados estéticos ni de silencios administrativos. La protección de niños, niñas y adolescentes exige rigor, transparencia y capacidad operativa real.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**