Estados Unidos ha dado este jueves un paso decisivo para reabrir, de forma parcial y vigilada, el mercado del petróleo venezolano. El Departamento del Tesoro, a través de la oficina de sanciones (OFAC por sus siglas en inglés), emitió la Licencia General 46, … un documento técnico pero cargado de implicaciones políticas: autoriza determinadas operaciones con crudo de origen venezolano, aunque bajo condiciones estrictas y con el dinero bajo control de Washington.
La medida llega menos de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense del 3 de enero y encaja en la estrategia de Donald Trump para convertir el petróleo en herramienta de estabilización y presión. La Casa Blanca quiere permitir que empresas estadounidenses vuelvan a operar en Venezuela, pero sin entregar al régimen —o a lo que quede de él— la llave del negocio energético.
La licencia permite transacciones necesarias para exportar, transportar, refinar o comercializar petróleo venezolano, siempre que las compañías estén establecidas en Estados Unidos. Los contratos deberán regirse por la ley estadounidense y cualquier disputa se resolverá en tribunales del país. Trump busca que el crudo vuelva a circular, pero bajo jurisdicción norteamericana, como si el petróleo venezolano fuese ya una extensión del tablero estratégico de Washington.
El punto central es el dinero. Los pagos no podrán ir directamente a personas sancionadas ni a estructuras del chavismo, sino a cuentas controladas por el Tesoro. Es, en la práctica, una reapertura sin confianza, pues se permite el comercio, pero se bloquea el acceso libre a los ingresos. La Casa Blanca pretende así mantener control sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, heredera del poder tras la caída de Maduro.
El documento fija también límites geopolíticos claros. Prohíbe operaciones vinculadas con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte, excluye pagos en oro o criptomonedas y veta transacciones con buques bloqueados. Si el petróleo se exporta a terceros países, las empresas deberán reportar cada operación con detalle, en un sistema de supervisión que convierte cada barril en un expediente.
Trump ya había adelantado esta línea en una reunión con los grandes ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde llegó a pedir inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para relanzar la industria venezolana. Pero el entusiasmo fue limitado. El consejero delegado de ExxonMobil llegó a decir que Venezuela sigue siendo hoy «ininvertible», por la ausencia de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones. Repsol, por su parte, sí expresó interés en ampliar operaciones en Venezuela.