Altagracia Salazar
El presidente de la República convocó ayer a los medios para presentar los estudios técnicos del proyecto monorriel de Santo Domingo que forma parte del Sistema de Transporte integrado de la capital, pero fue cuando terminó la presentación que surgieron los temas que son noticia hoy.
El primer tema fue la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de un cable submarino que interconecte los sistemas eléctricos de RD y Puerto Rico. Esto puede quedar en anuncio pues es una decisión de largo plazo en la que hay que ver lo que es financiamiento y en el que intervendrían además de los reguladores locales, empresas de ambos lados. En el caso de Puerto Rico capital norteamericano privado porque hasta ahora no se ha hablado de inversión pública y no tiene sentido que el gobierno intervenga fuera de su territorio.
Lo otro que dijo el presidente es que el gobierno ya protestó ante la embajada de Francia por el retraso de la empresa AERODOM, filial de la francesa Vinci Airport en iniciar la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto Internacional de Las Americas. El proyecto por un monto de 250 millones de dólares incluye una nueva plataforma con capacidad para 13 aeronaves y 900 nuevos estacionamientos.
El mandatario dijo textualmente “me pusieron a dar un primer picazo y luego no han hecho nada” y lo comentó en tono de molestia.
La construcción de la nueva terminal forma parte de la renegociación del contrato de concesión, vigente hasta 2060, entre el Estado dominicano y Aerodom, filial del grupo francés Vinci Airports, por un monto aproximado de 2,155 millones de dólares. Como parte de ese acuerdo, el grupo francés adelantó un pago de 775 millones de dólares, destinados a la ejecución de diversas obras.
Por ahora quienes vamos al aeropuerto Las Américas lo único que hemos visto es la ampliación de los estacionamientos de larga duración y al interior de una edificación vieja o viejísima el desgaste es evidente.
Uno desconoce los términos del contrato de renovación al que le quedan 35 años pero cualquiera que sea la demanda del gobierno frente a la empresa dependerá de los términos y sobre todo de las penalidades establecidas en el contrato.
Si el gobierno está dispuesto a ir a los tribunales habrá que creer que es posible porque en el país que se firmó el contrato con COGENTRIX cualquier cosa es posible.
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