El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio por 30 días, con posibilidad de prórroga por el Congreso, tras el asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 18 de enero en el departamento de Guatemala. Los hechos ocurrieron un día después de motines en tres prisiones de máxima seguridad —dos al norte de la capital y otra en Escuintla—, donde guardias fueron tomados como rehenes y familiares de reclusos bloquearon accesos. Las fuerzas de seguridad recuperaron el control, liberaron a los rehenes y detuvieron a los responsables de los disturbios.
El Gobierno vinculó los homicidios con represalias de pandillas tras operativos en las cárceles. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, informó sobre la captura de siete presuntos implicados y la muerte de otro durante un operativo policial.
La medida suspende derechos constitucionales, como allanamientos sin orden judicial, refuerza la presencia militar y policial, y faculta la imposición de toques de queda o restricciones a reuniones públicas. Las investigaciones relacionan los ataques con Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, líder del Barrio 18, quien cumple condena en la prisión Renovación I. Desde julio de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen conflictos con el Gobierno tras el traslado de sus líderes a cárceles de máxima seguridad.
Un exmilitar, cuya identidad se reserva, declaró: «Las cárceles de Guatemala funcionan como centros de coordinación desde donde los grupos criminales dirigen ataques y extorsiones». Datos oficiales indican que en 2023 se registraron 102 extorsiones por cada 100 mil habitantes; en 2025, la cifra ascendió a 144.2.
En una cadena nacional, Arévalo afirmó: «Las estructuras de corrupción e impunidad que han sostenido al crimen organizado están siendo desmanteladas», en referencia a la excandidata presidencial Sandra Torres y sus hijas, las congresistas Nadia y Lourdes De León Torres. La familia negó los señalamientos y presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
La inteligencia policial señala a María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres y esposa de ‘El Lobo’, como posible vínculo entre la excandidata y el Barrio 18. El congresista Inés Castillo, aliado de Torres, rechazó la hipótesis: «No existe fundamento para vincular a Sandra Torres con las acciones de su sobrina».
Guatemala registró en 2025 una tasa de 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hasta el 20 de enero, 26 personas habían sido detenidas por su presunta participación en los asesinatos de los policías.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**